La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de 104 meses y un día de prisión al excongresista Efraín Torrado García por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, en el marco del escándalo conocido como el “carrusel de la contratación” en Bogotá. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011, durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, e involucraron la suscripción irregular de contratos y convenios con el grupo empresarial Torrado, controlado por el exsenador a través de familiares o terceros, en entidades distritales de la capital.
La pena impuesta incluye, además de la prisión equivalente a ocho años y medio aproximadamente, una inhabilitación de 109 meses y 12 días para el ejercicio de derechos y funciones públicas, una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una indemnización de 28.146.097.432 pesos a favor del Distrito de Bogotá. Este fallo se deriva de un acuerdo en el que Torrado recibía una comisión del 6% del valor de los contratos asignados, pagada a medida que se suscribían, con el pacto inicial establecido en el primer semestre de 2009.
El esquema del “carrusel de la contratación”
Los contratos en cuestión estaban destinados a suministrar la canasta alimentaria distrital a familias vulnerables, pero se vieron empañados por irregularidades que involucraron a Torrado en un arreglo con Héctor Julio Gómez González, un contratista que patrocinó a Mercedes del Carmen Ríos Hernández, secretaria de Integración Social en esa época. El grupo empresarial Torrado se benefició de estos convenios en concurso homogéneo, configurando así el delito de interés indebido que ahora lleva al excongresista tras las rejas.
Esta sentencia representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la contratación pública bogotana, recordando cómo durante el gobierno de Moreno Rojas se destapó una red de sobornos y favores que afectó directamente los recursos para los más necesitados. La decisión de la Corte Suprema refuerza la responsabilidad de los antiguos congresistas en la supervisión ética de estos procesos.
