La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por los delitos de prevaricato por acción y omisión, así como cohecho propio, en un fallo que impone medidas cautelares sobre doce bienes presuntamente vinculados a sobornos recibidos durante su ejercicio judicial. Entre estos bienes se encuentran siete predios, como los lotes Rancho Grande, La Cabaña y Buenos Aires en Tibacuy, Cundinamarca; Las Lajas en Icononzo, Tolima; una casa en Rivera, Huila; un apartamento en Modelia, Bogotá, y otro en Bucaramanga. Además, cinco vehículos quedaron bajo resguardo: un Jeep Cherokee Sport, Chevrolet Dmax doble cabina, Suzuki TS motocicleta, Chevrolet NPR camión y Mercedes-Benz Cabriolet C200. Vargas Bautista renunció a su cargo el 19 de diciembre de 2019, y la sentencia llega ahora tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía.
El esquema de corrupción involucró a Kelly Andrea Eslava Montes, excompañera sentimental del exmagistrado durante doce años y abogada que actuaba como intermediaria, canalizando sobornos en procesos judiciales como Macromed, involucrando a la Unión Temporal Medisan contra el Hospital Militar con un 25% del monto de condena como honorarios; Protag, de Protección Agrícola S.A.S., que incluye un apartamento en Mosquera, Cundinamarca, y un Mercedes; e Icein. Las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas y chats que revelan cómo Vargas Bautista beneficiaba a demandantes a cambio de dádivas, dinero, bienes muebles e inmuebles, mediante transferencias y propiedades en lugares como Fusagasugá en Cundinamarca, Melgar en Tolima y Bogotá.
Detalles del esquema corrupto y medidas judiciales
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema detalló que el acusado utilizaba la intermediación de Eslava Montes para contactar a los demandantes en expedientes administrativos tramitados en su despacho, pactando y recibiendo dádivas bajo la promesa de decisiones judiciales favorables. Mientras prosiguen procedimientos por apropiación ilícita, otros bienes permanecen bajo escrutinio, como el lote Rancho Alegre en Fusagasugá y propiedades en Melgar y Bogotá. Vargas Bautista permanece en libertad mientras su defensa interpone recursos para revertir la condena.
“el acusado se valía de la intermediación de ella para contactar a los demandantes en los expedientes administrativos que tramitaba en su despacho judicial y, en ese contexto, pactar y recibir dádivas bajo la promesa de proferir decisiones judiciales favorables”
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema
Este caso resalta la lucha contra la corrupción en la Rama Judicial colombiana, donde las incautaciones cautelares buscan preservar el patrimonio presuntamente ilícito, enviando un mensaje de intolerancia ante prácticas que socavan la confianza pública en la administración de justicia.
