La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de siete años y siete meses de prisión domiciliaria al exmagistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, de 70 años, por los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión. El fallo, emitido el 18 de febrero de 2026, se basa en irregularidades cometidas entre 2014 y 2018, cuando el juzgador tramitó de manera indebida los procesos conocidos como Macromed y Protag sin declararse impedido, manipuló el reparto de casos para direccionarlos a su despacho y facilitó información privilegiada a su pareja sentimental, la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, quien tenía intereses directos en las demandantes.
En el caso Macromed, Eslava Montes actuó como apoderada de la Unión Temporal Medisan en la demanda contra el Hospital Militar Central, mientras que en Protag fue asesora jurídica de Protección Agrícola S.A.S. en el litigio contra la Superintendencia de Sociedades. Las pruebas incluyen numerosas conversaciones documentadas que revelan la coordinación de estrategias ilícitas, el intercambio de borradores y directrices judiciales, así como un tono íntimo que confirma la cercanía operativa entre ambos para favorecer los intereses de la abogada a cambio de dinero y bienes, como el 25% de la sanción pecuniaria impuesta al Hospital Militar Central, un vehículo de gama alta y un apartamento.
Detalles de la sentencia y sanciones
Además de la prisión domiciliaria, la Corte impuso a Vargas Bautista una multa equivalente a 160 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilitación de 91 meses para ejercer funciones públicas. La decisión fue impulsada por la Fiscalía General de la Nación y representa una condena en primera instancia, susceptible de impugnación. No se ordenó medida de aseguramiento inmediata debido a la edad del condenado y su comparecencia puntual a las citaciones judiciales.
“Estas conversaciones, además de exhibir un tono íntimo indiscutible, evidencian la coordinación de actividades ilícitas y el intercambio de información sobre asuntos judiciales, confirmando que la cercanía entre ambos trascendía lo emocional para adentrarse en aspectos operativos relacionados con el trámite ilegal de los procesos judiciales que cursaban en el despacho del ajusticiado”.
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
“Esta Sala no encuentra motivos para ordenar que el acusado sea detenido inmediatamente, teniendo en cuenta que ha acudido a las citaciones que se le han hecho con ocasión de este proceso”.
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
Este caso subraya las vulnerabilidades en el manejo de procesos judiciales sensibles en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y refuerza la lucha contra la corrupción en la Rama Judicial colombiana, donde la manipulación de repartos y el tráfico de influencias comprometen la imparcialidad y la confianza pública en el sistema.
