La Corte Suprema de Justicia de Colombia impuso una condena de 279 meses y ocho días de prisión al senador Ciro Ramírez por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir agravado, en el marco del caso conocido como ‘Las marionetas 2.0’. El parlamentario, capturado en diciembre de 2023 y suspendido de su curul en febrero de 2024, fue sentenciado por su participación en la adjudicación irregular de contratos estatales del Departamento de Prosperidad Social en cinco departamentos del país, durante el gobierno de Iván Duque entre 2020 y 2024.
El esquema ilícito en el que intervino Ramírez involucró al menos 15 contratos cuya valorización superó los 90 mil millones de pesos, manipulados a través de un concierto para delinquir que benefició a terceros en la contratación estatal. El proceso judicial fue adelantado por la Sala Especial de Primera Instancia, lo que derivó en el bloqueo definitivo para que el senador, militante del partido Centro Democrático, pueda ocupar cargos o funciones públicas en el futuro.
Detalles de la pena y sanciones accesorias
Además de la pena privativa de la libertad, la Corte Suprema ordenó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 280 meses y 20 días, así como una multa que supera los 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas medidas buscan desarticular la red de corrupción que operó en el manejo de recursos públicos destinados al bienestar social.
Evolución patrimonial y financiera del condenado
Las declaraciones de renta presentadas ante Función Pública revelan una notable variación en el patrimonio líquido de Ciro Ramírez: de 1.101 millones de pesos en 2020, descendió a 880 millones en 2023 y se estabilizó en 900 millones en 2024, lo que representa una caída estimada del 18 por ciento. Sus deudas también se redujeron drásticamente, pasando de 176 millones en 2020 a solo 19 millones en 2024, mientras que los ingresos mostraron un pico de 878 millones en 2023, un aumento del 83 por ciento respecto a los 478 millones de 2020, para luego caer a 150 millones en 2024. Estas cifras, disponibles únicamente para esos años, ilustran el impacto financiero del escándalo en la trayectoria del exsenador.
Este fallo representa un golpe significativo contra la corrupción en la alta política colombiana, reafirmando el compromiso de la justicia con la transparencia en la gestión de los recursos del Estado y sirviendo de precedente para casos similares en el sector público.
