La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Primera Instancia, confirmó la condena de 21 años y 8 meses de prisión contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, por su responsabilidad como coautor en la celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El fallo niega cualquier beneficio de ejecución condicional o prisión domiciliaria y ordena su traslado inmediato a un establecimiento carcelario bajo custodia del Inpec. El contrato en cuestión, firmado el 21 de agosto de 2015 en el departamento del Cesar, tenía un valor de 17.145.105.000 pesos y un plazo de ejecución de solo 59 días, a pesar de que el calendario escolar contemplaba 180 días según el convenio interadministrativo 842.
El caso gira en torno a un contrato de suministro suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, destinado al servicio de alimentación escolar en zonas rurales y urbanas del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Corte halló vulneraciones graves a los principios de planeación, responsabilidad y legalidad en todas las etapas: planeación, tramitación, celebración y liquidación. Entre las irregularidades destacaron la ausencia de análisis de necesidad y conveniencia en los estudios previos, con un número de estudiantes proyectados superior al real, y una liquidación sin soportes completos para verificar el cumplimiento del objeto contractual, lo que facilitó la apropiación de recursos públicos.
Responsabilidades inescapables del exgobernador
La delegación de funciones en subalternos no eximió a Monsalvo Gnecco de sus deberes de dirección, orientación, vigilancia, control y supervisión, especialmente dada la complejidad de la contratación para el PAE. Con este fallo, la condena se hace firme, obligando al cumplimiento efectivo de la pena mediante la reclusión inmediata en cárcel.
“la ponderación integral de los medios de prueba transmiten a la Sala la certeza de la configuración del dolo en el comportamiento de Monsalvo Gnecco, como quiera que siempre fue consciente de la complejidad de la contratación relacionada con el PAE y por ello de la necesidad de estar atento a todo su desarrollo, sin embargo, a pesar de esto, abandonó deliberadamente sus deberes de orientación, vigilancia, control y supervisión”
Sala Especial de Primera Instancia, Corte Suprema de Justicia
Esta decisión judicial representa un duro golpe a la gestión de Monsalvo Gnecco y refuerza la lucha contra la corrupción en la administración pública, particularmente en programas sociales clave como el PAE, donde los recursos destinados a la nutrición infantil deben manejarse con absoluta transparencia y legalidad.
