La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo por su participación en un entramado criminal destinado a dilatar la extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, exjefe guerrillero de las Farc. Esta decisión deja en firme la sentencia por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias como servidor público, en la que también estuvo involucrado el fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo Casas.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, con una alerta inicial de un agente de la DEA al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía el 25 de febrero de ese año, que reveló una organización dedicada a vender procesos judiciales relacionados con narcotráfico. Las reuniones clave se desarrollaron el 1 de marzo en los hoteles The Artisan DC y JW Marriott de Bogotá, donde se gestó la gestión irregular de trámites ante la JEP para postponer la extradición de Santrich a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, a cambio de dinero.
Detalles de la condena y las cifras involucradas
La pena impuesta a Gil Castillo incluye, además de los 54 meses de prisión equivalentes a cuatro años y seis meses, una multa de 1.424,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas por cinco años. En el marco de la operación encubierta, se vigiló la entrega controlada de 40.000 dólares en una reunión con presencia del exsenador, mientras que una maleta contenía 460.000 dólares destinados al soborno. La dilación lograda en el proceso de extradición fue de dos meses y quince días, mediante acciones como órdenes a la policía judicial, solicitudes de prórrogas al magistrado asignado, gestiones con secretarios, acercamientos a personas clave y el extravío intencional de documentación para evitar su envío a Estados Unidos.
«Sin tener la calidad exigida, gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el fiscal Bermeo Casas ante la JEP, con la finalidad irregular ya indicada».
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
La Corte resolvió el recurso de casación rechazando argumentos del Ministerio Público y la Procuraduría sobre supuesta falta de pruebas para el tráfico de influencias, al considerar que este delito es de mera conducta y no requiere un resultado específico en la actuación de los funcionarios de la JEP. Además, validó el preacuerdo de Gil Castillo como voluntario, confirmando las condenas previas del Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá.
«Afirmó haber logrado dos meses y quince días de dilación, mediante la emisión de órdenes a policía judicial, solicitud de prórrogas al magistrado asignado, realizar gestiones con un secretario, acercarse con personas y extraviar documentación».
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Contexto de la investigación y captura
La pesquisa se originó en la denuncia de la DEA sobre una red que retrasaba procesos penales y administrativos, incluyendo extradiciones. La captura de Gil Castillo y Bermeo se produjo de manera inmediata tras la entrega de los 40.000 dólares en la reunión del 1 de marzo de 2019.
«No era necesario demostrar si los funcionarios de la JEP en realidad actuaron acorde a la injerencia de Bermeo Casas, porque el tráfico de influencias de servidor público no exige resultado específico por ser de mera conducta».
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Con esta confirmación, el caso cierra un capítulo de corrupción en el manejo de procesos sensibles de posconflicto, reafirmando el compromiso judicial contra la manipulación de trámites relacionados con la justicia transicional y el narcotráfico.
