La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la sentencia de ocho años y tres meses de prisión contra un exjuez por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, al haber desviado ilegalmente 1.779 millones de pesos en recursos públicos del municipio de El Carmen de Bolívar mediante la concesión indebida de 40 acciones de tutela. El magistrado ponente, Carlos Roberto Solórzano Garavito, ratificó la condena impuesta en instancias anteriores, destacando el uso sistemático de estas tutelas para vulnerar la inembargabilidad de los fondos públicos y el carácter subsidiario de este mecanismo constitucional.
El exjuez actuó con un patrón sistemático de irregularidades, ordenando embargos y secuestros de dineros públicos sin los requisitos legales exigidos, aprobando liquidaciones sin soporte adecuado y expidiendo mandamientos de pago sin competencia jurisdiccional. Estas decisiones, contrarias al derecho, permitieron la salida de fondos hacia particulares a través de la entrega de títulos judiciales, utilizando tutelas para resolver controversias propias de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los fallos carecieron de motivación suficiente y sustento jurídico, generando un claro detrimento patrimonial al ente territorial afectado.
Instrumentalidad entre delitos y principios constitucionales
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema enfatizó que las tutelas fueron el instrumento para facilitar la apropiación de los recursos, al ignorar principios como la inembargabilidad de los bienes públicos y el rol subsidiario de esta acción en el ordenamiento jurídico colombiano.
«existió una relación de instrumentalidad clara: el prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) fue el medio utilizado para alcanzar el objetivo final, que era el peculado (la apropiación de los fondos)»
Corte Suprema de Justicia
«la utilización de mecanismos constitucionales como la acción de tutela debe ceñirse a los principios establecidos en la ley, en especial cuando están en juego recursos públicos»
Corte Suprema de Justicia
Esta ratificación representa un nuevo golpe contra la corrupción en la Rama Judicial, reafirmando el compromiso de las altas cortes con la protección de los recursos públicos y la integridad del sistema de tutelas, mecanismos diseñados para salvaguardar derechos fundamentales y no para fines ilícitos.
