La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Luis Alberto Luengas Calle, un ingeniero de soporte, por el delito de espionaje tras filtrar información reservada de la Fuerza Aérea Colombiana, hoy conocida como Fuerza Aeroespacial. Esta decisión, emitida el 11 de marzo de 2026, ratifica el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y se refiere a hechos ocurridos entre 2018 y 2019, cuando Luengas compiló y publicó el archivo titulado “Estaciones de trabajo Fac” desde su equipo de trabajo, subiéndolo a plataformas como Scribd y Edoc. Durante un contrato con ETB y Ona Systems S.A.S. para servicios de ciberseguridad, el procesado tuvo acceso privilegiado a esta data confidencial.
El archivo filtrado contenía más de 5.000 registros, incluyendo nombres de equipos, usuarios, direcciones IP de altos mandos, radares y el Centro de Mando y Control, lo que representó un grave riesgo para la seguridad nacional. La publicación implicó pasos técnicos intencionales, y el usuario utilizado coincidía con el nombre del procesado, quien además estaba sujeto a acuerdos de confidencialidad por su labor en una institución militar. Estos datos permitieron simular ataques cibernéticos y acceder a correos internos durante pruebas, evidenciando el potencial daño.
Gravedad del fallo y sus implicaciones
El fallo de la Corte Suprema confirma que no es necesario probar el uso de la información por terceros ni su entrega a un enemigo para configurar el delito, conforme al artículo 463 del Código Penal. Como consecuencia, el Estado se vio obligado a cambiar direcciones IP, implementar encriptación avanzada, renovar equipos y capacitar al personal, medidas costosas para mitigar el daño causado por la divulgación.
«La información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC»
Testigos citados en el proceso
Este caso subraya la vulnerabilidad de las instituciones militares ante filtraciones internas y refuerza la importancia de los controles de confidencialidad en contratos externos, dejando un precedente clave para la protección de datos sensibles en Colombia.
