La Corte Suprema de Justicia de Colombia analiza una ponencia que propone llamar a juicio a seis congresistas acusados de formar una presunta “empresa criminal” para aprobar irregularmente préstamos estatales millonarios a cambio de contratos también millonarios vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los implicados incluyen a Wadith Alberto Manzur del Partido Conservador, Liliana Esther Bitar Castill y Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal, Karen Astrith Manrique Olarte de las Curules de Paz, Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal, y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera de Alianza Verde, todos miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La ponencia, radicada recientemente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, busca una acusación formal contra estos legisladores por aceptar remuneraciones a cambio de sus votos en la aprobación de préstamos internacionales solicitados por el Gobierno nacional. Entre las pruebas figuran testimonios de clave como los de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; Olmedo López, exdirector de la Ungrd; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, junto con chats, correos electrónicos, registros fílmicos, documentos electrónicos y minutas de visitas documentadas, que suman decenas de ingresos de congresistas al Ministerio de Hacienda en Bogotá. Un caso destacado es la visita de Wadith Manzur el 15 de diciembre de 2023, mientras que el debate sobre posibles medidas restrictivas de libertad está programado para julio de 2025.
Detalles del entramado criminal en el escándalo de la Ungrd
Este caso surge en el marco del escándalo de corrupción que sacudió a la Ungrd, donde se reveló un esquema de aprobación irregular de préstamos estatales a cambio de contratos repartidos como pago por apoyos parlamentarios. La ponencia, revelada por la revista Semana, califica el arreglo como una “empresa criminal” que pone en riesgo la institucionalidad colombiana. Otros implicados incluyen a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes se encuentran detenidos, así como circulares rojas de Interpol contra Carlos Ramón González y César Manrique Soacha. Julio Elías Chagüi Flórez también aparece en los nombres completos adicionales relacionados con el proceso.
Algunos de los congresistas señalados aspiran a la reelección, lo que añade gravedad al asunto en un momento en que la Corte Suprema evalúa la ponencia para avanzar hacia la formalización de cargos, con posibles restricciones a su libertad en el horizonte para julio de 2025.
