La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, inadmitió este jueves 29 de mayo de 2025 una denuncia penal por traición a la patria interpuesta contra catorce congresistas, archivando de esta manera el proceso al considerar que no reunía los presupuestos mínimos para una actuación penal. La decisión se tomó tras un examen riguroso de los requisitos de procedibilidad, en el marco de un caso que involucraba acusaciones relacionadas con un viaje a Estados Unidos, encuentros con políticos norteamericanos y manifestaciones críticas hacia el presidente Gustavo Petro.
Los congresistas señalados en la denuncia son Efraín José Cepeda Saravia, Miguel Ángel Pinto Hernández, Josué Alirio Barrera, Nadia Georgette Blel Scaff, Esperanza Andrade Serrano, Ana Paola Agudelo García, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Juan Carlos Garcés Rojas, Mauricio Gómez Amín, Nicolás Alberto Echeverry Alvarán, Carlos Abraham Jiménez López, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, Sor Berenice Bedoya Pérez y Luvi Katherine Miranda Peña. La acusación, presentada por Jhon Jairo Turizo Hernández y el conocido como “el Sabueso”, alegaba que estas actividades configuraban una desestabilización del Estado y un impedimento a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Denuncias genéricas sin sustento probatorio
La Corte Suprema enfatizó que las imputaciones eran genéricas y especulativas, carentes de hechos concretos, fechas precisas o pruebas que respaldaran las graves imputaciones de traición a la patria. Además, resaltó que los viajes y contactos con autoridades extranjeras forman parte habitual de las actividades parlamentarias, protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión inherentes a la función legislativa. Por ello, no se remitirá el caso a la policía judicial ni se iniciarán investigaciones formales, aunque procede el recurso de reposición para los denunciantes.
Esta providencia, que ha sido destacada por la revista Semana, subraya los límites de las denuncias penales en el ámbito político y refuerza las garantías constitucionales para los congresistas en el ejercicio de sus labores, en un contexto de polarización creciente alrededor del gobierno de Gustavo Petro.
