La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido una sentencia histórica que redefine el concepto de explotación sexual de menores, equiparando a quienes pagan por servicios sexuales con niños, niñas y adolescentes como responsables directos de explotación y violencia sexual, en lugar de considerarlos meros usuarios. Esta decisión, adoptada mediante un precedente jurisprudencial que aplica la legislación existente y criterios de las relatorías de Naciones Unidas, surge en el marco de un proceso penal culminado tras varias instancias y basado en un caso de acceso carnal a una menor de 14 años, reorientando el enfoque judicial para visibilizar a los pagadores como verdaderos prostituyentes.
La medida busca contrarrestar la impunidad que afecta al 96 por ciento de los casos de explotación sexual infantil, muchos de ellos ligados a la pobreza y la exclusión social en el país. De acuerdo con el Código Penal Colombiano, el acceso carnal a menores de 14 años conlleva penas de entre 12 y 20 años de prisión, y esta sentencia fortalece tanto la investigación como la sanción de estos delitos, estableciendo un referente para futuras decisiones judiciales. Expertos destacan que las víctimas sufren graves secuelas como estrés postraumático e intentos de suicidio, subrayando la responsabilidad del Estado en la prevención y tutela de la infancia.
Un giro que rompe la cadena de la impunidad
María Cristina Hurtado Sáenz, abogada y consultora en derechos humanos, celebra esta recalificación que trata estos actos como violencia sexual sin consentimiento válido, extendiendo el debate sobre la prostitución en adultos, donde persisten desigualdades de poder flagrantes. La Corte Suprema, con esta resolución reciente en Colombia, no solo redefine roles sino que impacta directamente la lucha contra la trata y la prostitución infantil.
“Sin demanda no hay prostitución ni trata”
María Cristina Hurtado Sáenz, abogada y consultora en derechos humanos
“Lo que no se nombra no existe”
María Cristina Hurtado Sáenz, abogada y consultora en derechos humanos
Este precedente marca un avance crucial en la protección de los derechos de la niñez, impulsando un sistema judicial más resolutivo y sensible ante la vulnerabilidad de los menores en contextos de exclusión.
