La Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia por amenazas interpuesta por la senadora Isabel Zuleta contra la representante a la Cámara Lina María Garrido, derivada del discurso pronunciado el 20 de julio de 2025 durante la instalación del Congreso en el Congreso de la República. Garrido celebró la decisión y afirmó que su intervención respondía a la defensa de la libertad de expresión y a la crítica política, no a intimidación, en un episodio que puso en el centro del debate la frontera entre opinión pública y amenazas.
El fallo sostiene que las palabras de Garrido se centraron en el derecho constitucional a la libertad de expresión y que, en consecuencia, no configuran amenazas contra Zuleta ni contra nadie. Se enmarca en un contexto de disputa entre oficialismo y oposición y llega como un pronunciamiento relevante sobre los límites que tiene la crítica a figuras públicas en el ámbito político y en las redes sociales. En su intervención, Garrido, representante de Cambio Radical, reiteró argumentos que, según su lectura, muestran un gobierno con una aprobación del 70 por ciento y recalcó que, durante 2024, se dejaron de ejecutar más de 100 billones de pesos, afirmaciones que utilizó para sustentar su crítica a la gestión presupuestal.
La Corte define límites de la libertad de expresión en el debate sobre autoridades
«La senadora que vive feliz sacando bandidos de la cárcel, Isabel Zuleta, quedó tan dolida con mi discurso del 20 de julio, donde le canté la tabla a Gustavo Petro, que corrió a denunciarme en la Corte. Resultado: le volví a ganar» – Lina María Garrido, Representante a la Cámara
«Otra medalla para mi uniforme de defensora de la Patria, y otra derrota más para la izquierda que no soporta que les digan la verdad en su cara», publicó la representante en la plataforma digital – Lina María Garrido, Representante a la Cámara
En las publicaciones de Garrido en redes sociales, especialmente en X, se destacan celebraciones por la resolución y respuestas a la decisión que incluyen las citas textuales anteriores y referencias a cifras mencionadas en su discurso, entre ellas el supuesto trío de años de gestión del gobierno de Gustavo Petro, el porcentaje de aprobación citado y el monto de más de 100 billones de pesos que, según su versión, no se ejecutaron en 2024. Este fallo de la Corte no solo cierra un capítulo judicial, sino que también propone un marco de referencia sobre el manejo de críticas a figuras públicas en el Congreso y en la opinión pública, en medio de una dinámica política marcada por el choque entre oficialismo y oposición.
