La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia interpuso una acción de tutela contra la decisión judicial que ordenó la libertad del ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por Países Bajos por delitos de narcotráfico. El alto tribunal, bajo la presidencia encargada del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, consideró que el fallo del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que concedió un habeas corpus el pasado 14 de junio de 2026, carece de soporte probatorio y es “aparentemente ilegal”. La tutela presentada por la Corte solicita la nulidad de esa decisión y, de manera urgente, una medida cautelar para impedir que se materialice la orden de libertad mientras se define el trámite de extradición.
Van der Voort había sido capturado el 18 de febrero de 2026 en cumplimiento de una circular roja de Interpol, a solicitud de las autoridades neerlandesas, y permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. La solicitud formal de extradición fue remitida a la Corte Suprema el 26 de abril de ese año. Sin embargo, el 14 de junio, la jueza del Juzgado 77 Penal Municipal le concedió el habeas corpus argumentando que el expediente carecía de traducciones oficiales de algunos documentos clave, lo que, a su juicio, vulneraba el debido proceso. La Corte Suprema discrepa radicalmente de esa interpretación y sostiene que la decisión se basó en argumentos que no corresponden a la realidad del trámite.
El fondo del conflicto jurídico y diplomático
La controversia se centra en la validez de la documentación presentada por Países Bajos. Mientras la jueza consideró que la falta de traducción oficial de ciertos documentos impedía considerar formalizada la solicitud, la Corte Suprema y la Embajada de Países Bajos en Colombia sostienen que la traducción fue gestionada internamente por el tribunal y que la solicitud cumplía con todos los requisitos legales. En un comunicado oficial, la Sala de Casación Penal señaló que “la decisión del juzgado es aparentemente ilegal y está basada en argumentos que no consultan la realidad del trámite de extradición, con base en los cuales concedió la libertad del procesado sin soporte probatorio alguno”.
“La Sala de Casación Penal evidenció que la decisión del juzgado es aparentemente ilegal y está basada en argumentos que no consultan la realidad del trámite de extradición, con base en los cuales concedió la libertad del procesado sin soporte probatorio alguno”.
Comunicado oficial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
La jueza que resolvió el habeas corpus defendió su postura señalando que, cuando el expediente no está debidamente formalizado, el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales prevén un mecanismo específico: la devolución de las piezas procesales al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por la vía diplomática, se requiera al Estado requirente la corrección de sus omisiones, y solo después de subsanadas las falencias, se envíe a la Corte para la continuación del trámite. Esta interpretación fue rechazada de plano por la Embajada de Países Bajos, que mediante una nota diplomática solicitó respetuosamente revocar la decisión de libertad, adjuntando la solicitud formal de extradición para su referencia.
“Solicitamos respetuosamente revocar la decisión proferida por la Juez 44 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, emitida el 14 de junio de 2026, mediante la cual se deja en libertad al ciudadano Jozef Marcus Hendricka Van der Voort. Adjuntamos la solicitud formal de extradición para su respectiva referencia”.
Nota diplomática de la Embajada de Países Bajos en Colombia
Además, la representación diplomática aclaró que la designación de un traductor oficial por parte de la Corte se refiere exclusivamente a la garantía de los derechos del ciudadano capturado para efectos de la etapa de proyección del concepto, traduciendo del neerlandés al español, y que ello no afecta el cumplimiento de la formalización de la solicitud de extradición. Por lo tanto, según la Embajada, se cumplieron todos los requisitos formales y materiales que exige la legislación colombiana. La Corte Suprema, mientras tanto, anunció que mantendrá un seguimiento permanente al caso para determinar nuevas decisiones, en medio de un pulso judicial que pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional en materia de extradición.
