La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró ilegales en 2011 los archivos extraídos de los computadores de Raúl Reyes, cuyo nombre de pila era Luis Edgar Devía Silva, incautados durante la Operación Fénix en Sucumbíos, Ecuador. Esta decisión, contenida en el Auto 2987 del 18 de mayo de ese año, contó con la intervención de los magistrados José Leonidas Bustos Martínez, expresidente de la Corte, y Gustavo Enrique Malo Fernández, ambos posteriormente condenados por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’. La corporación judicial argumentó que la Policía Nacional actuó fuera de sus competencias al recolectar pruebas en territorio extranjero sin la autorización de las autoridades locales, reservada exclusivamente al Fiscal General.
El fallo inicial fue ratificado en 2016, lo que invalidó por completo los archivos para cualquier proceso judicial y tuvo un impacto directo en casos como el del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, absuelto de cargos de rebelión tras demostrarse que su captura en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá se basó en informes derivados de esa evidencia ilegal. La Corte distinguió entre pruebas ilegales, nulas de pleno derecho, e ilícitas, declarando inadmisibles los elementos derivados sin independencia o descubrimiento inevitable. Raúl Reyes, abatido en un bombardeo el 1 de marzo de 2008, enfrentaba más de cien procesos por secuestro, terrorismo y homicidio, y sus computadores contenían menciones a figuras como el senador Iván Cepeda y la exsenadora Piedad Córdoba.
Condenas por el ‘cartel de la toga’ y conexiones reveladas
José Leonidas Bustos Martínez recibió una condena de 10 años y 2 meses de prisión por cohecho y concierto para delinquir, mientras que Gustavo Enrique Malo Fernández fue sentenciado a 9 años, 6 meses y 12 días por cohecho, prevaricato por omisión y concierto para delinquir. El fallo de ratificación de 2016 fue firmado por un amplio grupo de magistrados, incluyendo a José Francisco Acuña Vizcaya, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, Luis Antonio Hernández Barbosa, Eyder Patiño Cabrera, Patricia Salazar Cuellar, Luis Guillermo Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho. Esta noticia cobra vigencia actual por una investigación de La Silla Vacía sobre la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en la que resurgen detalles de los archivos, como la coordinación de marchas anunciada por Inés Graciela Dorado, alias Storgen, colaboradora de las Farc.
«Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo»
Inés Graciela Dorado, alias Storgen, colaboradora de las Farc
El contexto incluye movilizaciones masivas: el 4 de febrero de 2008 contra las Farc y el 6 de marzo en apoyo a víctimas del paramilitarismo y agentes estatales. La nulidad de estos archivos no solo frenó investigaciones clave, sino que subraya las irregularidades en la cadena de custodia de pruebas internacionales, dejando un precedente judicial que resuena en medio de los debates políticos actuales alrededor de Cepeda y su aspiración presidencial.
