La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, ha ordenado la apertura de una investigación formal en contra del senador saliente Miguel Ángel Pinto Hernández, quien enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de acceso carnal violento. La denuncia, presentada por una mujer que formaba parte de su equipo de trabajo, señala que el congresista habría utilizado su posición jerárquica como jefe para forzar encuentros sexuales durante un período de diez meses, mientras existía un vínculo laboral directo entre ambos.
El magistrado Misael Rodríguez, encargado del caso, ha citado al exsenador del Partido Liberal a una audiencia de indagatoria programada para el próximo 22 de junio de 2026 a las 2:00 de la tarde. La decisión se mantuvo firme pese a que la defensa legal solicitó el aplazamiento del procedimiento, argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el abogado suplente tiene compromisos adquiridos en otras instancias judiciales. La Corte autorizó, eso sí, la participación virtual de la defensa a través de la plataforma Zoom como una alternativa para garantizar el desarrollo del proceso.
Antecedentes y contexto judicial
Esta no es la primera vez que Miguel Ángel Pinto se ve bajo el escrutinio de la justicia colombiana. En 2022, la misma Corte Suprema había abierto una indagación preliminar en su contra luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz confirmara que el senador era, efectivamente, la persona mencionada por el exjefe paramilitar Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, en sus declaraciones sobre presuntos nexos con el Clan del Golfo y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento, Pinto intentó argumentar que existía una confusión de homonimia, pero la Sala de Reconocimiento de la JEP desestimó ese argumento, indicando en una resolución que no había lugar a la aclaración invocada porque la parte resolutiva no envolvía razonamientos o expresiones que plantearan motivos de duda.
«Los togados relatores de la Sala de Reconocimiento de la JEP, concluyen que no hay lugar a la aclaración invocada, en tanto la parte resolutiva no envuelve razonamientos o expresiones que planteen motivos de duda, esto es, que adolezcan de falta de certeza o tornen problemático su entendimiento de un nombre señalado por un testigo»
Resolución de la JEP, citada por W Radio
«Ese era Leonidas Ortega, el secretario de obras, el senador era Miguel Ángel Pinto Hernández»
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en declaración ante la JEP
En aquella declaración, alias Otoniel también mencionó a otros políticos y mencionó los nombres de William Mayorga y otros como enlaces de contrataciones que manejaban los encuentros con grupos paramilitares. Ahora, la nueva investigación por acceso carnal violento se suma a ese historial judicial que ha marcado la carrera política de Pinto, quien recientemente decidió no buscar una nueva curul en el Congreso para el período 2026-2030. Paradójicamente, su hijo Miguel Ángel Pinto fue elegido para ocupar el cargo durante ese mismo período, lo que implica que, al perder el fuero de aforado con la salida del Senado, el caso podría pasar de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación en caso de que el proceso no se resuelva antes de que termine su mandato.
La denunciante, quien laboraba directamente bajo las órdenes del senador, señaló en su declaración que los presuntos encuentros sexuales forzados se habrían dado justamente bajo la presión que ejercía su puesto como jefe inmediato, un testimonio que los magistrados consideraron suficiente para abrir la investigación formal. El proceso avanza ahora con la expectativa de que la indagatoria del 22 de junio permita esclarecer los hechos, en medio de un panorama judicial complejo que entrelaza no solo acusaciones de violencia sexual sino también las sombras de los vínculos paramilitares que la JEP ha documentado durante años.
