La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medida de aseguramiento a Pedro Nelson Pardo y evalúa si remite su proceso a juicio ante la Sala de Primera Instancia, en el marco del escándalo de la Farcpolítica, manteniéndolo en libertad en la sesión celebrada el 24 de octubre de 2025, viernes, mientras avanza la revisión de pruebas y antecedentes del caso.
El proceso, que se originó en torno a presuntas vías de colaboración con las FARC y enriquecimiento ilícito, fue inicialmente remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la cual declaró no competencia y devolvió el expediente a la Corte. A partir de esa determinación, la Corte Suprema ha asumido la valoración para decidir si el caso continúa en la fase de escrutinio de pruebas y si corresponde remitirlo a juicio ante la Sala de Primera Instancia, con vistas a un eventual enjuiciamiento en el marco del escándalo Farcpolítica. Pardo, excongresista que representó a Guainía entre 2002 y 2006 y vinculado al movimiento ASI, figura como sujeto de un proceso que podría marcar un antes y un después en las pesquisas sobre la relación entre política y grupos armados ilegales en Colombia.
Contexto y antecedentes del Farcpolítica
Entre los antecedentes relevantes se señala la aparición de su nombre en los computadores de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, y su vinculación con dos frentes polémicos: los lazos con las FARC y la cuestionada anulación de su elección en Guainía en 2006. Esta coyuntura explica por qué hoy es noticia, pues se trata del primer excongresista citado a juicio por la Corte Suprema en el caso Farcpolítica y se definirá si el expediente irá a juicio. El caso continúa evaluando pruebas documentales y testimoniales, incluyendo informes sobre los computadores de alias Raúl Reyes y la anulación de la elección de Pardo en Guainía, que sustenta la investigación dentro del escándalo político.
Sin declaraciones textuales disponibles en el material suministrado.
La decisión de la Sala de Instrucción no solo determina el futuro inmediato del proceso de Pardo, sino que podría sentar un precedente en la forma como la justicia colombiana aborda los vínculos entre la política y grupos armados ilegales. Aunque ya existe una condena previa de 76 meses de prisión por concusión mediante sentencia anticipada, el proceso actual continúa para valorar la viabilidad de la remisión a juicio ante la Sala de Primera Instancia y profundizar en los hechos ocurridos entre 2002 y 2006 que dieron lugar a la controversia electoral y al escándalo Farcpolítica.
