La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la congresista Karen Manrique, implicada en un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y rechazó las recusaciones contra dos magistrados y dos conjueces, así como los recursos de reposición para declarar la nulidad de actuaciones procesales. Con esta decisión, tomada en una sesión reciente, queda en firme el llamado a juicio contra Manrique y otros cinco políticos por el delito de cohecho impropio, entre ellos el congresista Wadih Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, además del exfuncionario de la Ungrd Sneyder Pinilla. La Corte también confirmó las órdenes de captura emitidas contra Manrique y Manzur, quienes permanecen privados de la libertad.
La investigación se centra en un presunto esquema de sobornos en el que los implicados habrían avalado créditos públicos a cambio de contratos irregulares en la Ungrd, particularmente relacionados con sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, un caso que salió a la luz pública en febrero de 2024. La decisión judicial se basó en la evaluación de más de 50 documentos, al menos 10 testimonios y registros de reuniones realizadas en el Ministerio de Hacienda entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual Manrique y Manzur formaban parte hasta su renuncia en diciembre de 2024. Pinilla, clave en el proceso, confesó en mayo de 2024, aportando pruebas que fortalecieron la acusación.
Pruebas que sustentan el proceso
Entre las evidencias analizadas destacan los registros de encuentros en los que Manrique habría entregado contactos en Saravena, Arauca, entre el 11 y el 15 de diciembre de 2023, y su posterior entrega voluntaria en Tame, Arauca, el 11 de marzo de 2026, coincidiendo con la emisión de las órdenes de captura. La Sala de Instrucción evaluó exhaustivamente las solicitudes de la defensa, concluyendo que las pruebas acreditan la utilización de funciones legislativas para obtener beneficios indebidos en un entramado que involucró favores a cambio de apoyo político en la aprobación de recursos públicos.
“queda en firme el llamado a juicio”
Sala de Instrucción, Corte Suprema de Justicia
“acreditarían la supuesta utilización de funciones legislativas para recibir beneficios”
Sala de Instrucción, Corte Suprema de Justicia
Con esta resolución, el caso pasa ahora a la Sala de Primera Instancia, donde se abrirá un plazo para que las defensas presenten nuevos recursos, mientras Manrique y Manzur continúan en detención. La decisión representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en entidades clave como la Ungrd, recordando episodios de irregularidades en la gestión de recursos para emergencias en regiones como La Guajira, y subraya el compromiso judicial con la transparencia en el manejo de fondos públicos en Colombia.
