La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó por tercera vez consecutiva la solicitud de libertad presentada por Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, quien permanece en detención preventiva en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. El fallo, emitido el 18 de febrero, desestimó los argumentos de la defensa relacionados con el vencimiento de términos y un habeas corpus, manteniendo así la medida cautelar impuesta por la Fiscalía General de la Nación en el marco de las investigaciones por presunta corrupción, lavado de activos y tráfico de influencias en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Ortiz es considerada una pieza clave en el esquema de desvío de recursos públicos de la Ungrd, donde habría actuado como intermediaria entre funcionarios y particulares. Esta decisión judicial representa la tercera derrota para su equipo de abogados desde su vinculación formal al proceso, tras rechazos previos a una tutela por la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal, una solicitud de preclusión por cambio en los fundamentos del delito de tráfico de influencias y el acceso a informes financieros relacionados con la investigación.
Argumentos de la defensa y contradicciones de la imputada
La defensa de Sandra Ortiz insistió en la inexistencia de pruebas suficientes, violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia, pero los jueces no se convencieron de estos planteamientos. En entrevistas previas, la exconsejera reconoció las investigaciones en su contra, admitió su presencia en lugares vinculados a los hechos y expresó su intención de colaborar mediante el principio de oportunidad, aunque hasta el momento no ha entregado las pruebas que prometió durante el proceso.
La persistencia de la detención preventiva intensifica los cuestionamientos sobre la capacidad del equipo jurídico de Ortiz para revertir las medidas cautelares, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de evidencias sobre el entramado de corrupción en la Ungrd. Este caso sigue captando la atención pública por su implicación en el manejo de recursos destinados a la gestión de desastres en el país.
