La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Blanca Nélida Barreto Ardila y Jorge Emilio Caldas Vera, con el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas en permiso, rechazó de manera contundente la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte para ser trasladada temporalmente bajo custodia militar al Capitolio Nacional este 20 de julio. La petición, radicada el pasado 2 de julio, buscaba que la congresista, actualmente privada de la libertad, pudiera posesionarse nuevamente de su cargo en el inicio del nuevo periodo legislativo. Sin embargo, el tribunal consideró que el motivo alegado no se ajusta a ninguna de las causales legales previstas en la legislación penitenciaria para autorizar la salida excepcional de una persona recluida.
En la providencia fechada el 16 de julio de 2026, la Sala mayoritaria fue enfática al señalar que la solicitud de Manrique no corresponde con las hipótesis fijadas por el legislador que habilitan el traslado de un interno o la concesión de un permiso excepcional de salida de su sitio de reclusión. Los magistrados argumentaron que la función congresional de la representante está intrínsecamente aparejada a su privación de libertad, cuyos fines constitucionales no son cuestionados por la propia congresista, lo que hace jurídicamente improcedente acceder al pedimento elevado. De esta manera, la Corte reiteró que, si bien las personas privadas de la libertad conservan derechos no restringidos por la medida, en este caso particular el ejercicio del cargo no puede desligarse de su situación jurídica actual.
Contexto judicial de Manrique
La congresista Manrique se encuentra detenida por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que ha sacudido al ámbito político colombiano. A finales de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya había negado un recurso para sustituir su detención preventiva intramural por domiciliaria. Además, el alto tribunal informó que quedó en firme el llamado a juicio contra Manrique y otros congresistas por el delito de cohecho impropio, relacionado con la aceptación de dádivas a cambio de comprometer sus funciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre los demás investigados en este mismo entramado se encuentran Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera.
«Encuentra la Sala mayoritaria que no se corresponden con alguna de las hipótesis fijadas por el legislador, que habilitan el traslado del interno o la concesión de un permiso excepcional de salida de su sitio de reclusión»
Corte Suprema de Justicia, providencia
La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia tiene un impacto directo en la continuidad del cargo de Manrique, al impedirle posesionarse presencialmente en el acto protocolario del 20 de julio. Frente a esta situación, la representante había manifestado en su defensa que sus únicos acercamientos con entidades del Estado han sido en su ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que representa en el Congreso, en su calidad de víctima del conflicto armado. No obstante, la Sala concluyó que no existían razones jurídicas que justificaran la salida temporal del centro de reclusión, dejando en firme la imposibilidad de que la congresista asuma el nuevo periodo legislativo de manera presencial mientras permanece detenida.
