La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura del senador Wadith Manzur, del Partido Conservador, y de la representante a la Cámara Karen Manrique, electa por la curul de paz de Arauca, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta medida activa la figura de la «silla vacía» para sus curules en el Congreso durante el periodo 2026-2030, tras los comicios del 8 de marzo, lo que implica que sus escaños permanecerán sin ocupar ni podrán ser reemplazados por suplentes o listas partidistas en casos relacionados con delitos sobre recursos públicos.
Los cargos imputados incluyen cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, con medida de aseguramiento en prisión. Manzur obtuvo 134.914 votos en las elecciones, mientras que Manrique alcanzó 5.640, y se le atribuye la gestión de contratos por más de 90.000 millones de pesos en regiones como Arauca, Córdoba, Bolívar y La Guajira. La presunta recepción de beneficios a cambio de influir en la asignación de recursos públicos de la Ungrd sustenta estas acusaciones.
El impacto de la «silla vacía» en el Congreso
El escándalo en la Ungrd gira en torno a la compra de carrotanques para abastecimiento de agua en La Guajira y la manipulación de contratos. Wadith Manzur habría actuado como vocero de congresistas que condicionaron su apoyo legislativo a la asignación de estos contratos en dichas regiones, mientras que Karen Manrique participó en reuniones con el exdirector Olmedo López para respaldar proyectos gubernamentales. Esta decisión judicial suspende sus derechos políticos y restringe cualquier reemplazo en las curules electas para 2026-2030.
«Esto significa que el partido político al que pertenecen Manzur y Manrique perderá temporalmente la representación en el Congreso, pues la curul permanecerá sin ocupar».
Paula Camila Díaz, abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses
En cuanto al cohecho impropio, no se requiere que el funcionario actúe de manera ilegal, sino que basta con recibir un beneficio por el ejercicio de sus funciones, lo que vulnera la moralidad y transparencia de la función pública, según explican expertos.
«En el cohecho impropio no se requiere que el funcionario actúe de forma ilegal, basta con que reciba algún beneficio por ejercer sus funciones, lo que vulnera la moralidad y transparencia de la función pública».
Paula Camila Díaz, abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses
El Congreso pierde así estos puestos, dejando a la ciudadanía que los eligió sin representación directa, en un golpe significativo para sus partidos y para la legislatura entrante.
«El Congreso pierde esos puestos y la ciudadanía que los eligió se queda sin representación directa».
Paula Camila Díaz, abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses
Aunque se mantiene la presunción de inocencia hasta una sentencia condenatoria en firme, esta orden de captura marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el manejo de recursos públicos, afectando directamente la composición futura del Congreso colombiano.
