La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención inmediata de los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique, acusados de presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según la decisión judicial, ambos habrían coordinado favores a cambio de votos mediante negociaciones de dádivas y beneficios con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para avalar créditos públicos a través de la Ungrd. Estas actividades se habrían desarrollado entre septiembre y diciembre de 2023, con reuniones clave entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre en Bogotá, específicamente en el Ministerio de Hacienda y el Centro Comercial Santa Ana, combinando encuentros presenciales y virtuales por Teams.
La medida responde al riesgo de influencia en la investigación judicial sobre el desvío de fondos de la Ungrd, basada en testimonios de testigos como la asesora ministerial María Alejandra Benavides, y los exdirectivos Sneyder Pinilla y Olmedo López. Se gestionaron cupos indicativos que se convirtieron en proyectos por un valor de 92.000 millones de pesos destinados a Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, con 13 conceptos aprobados en poco más de un mes, en contraste con solo cinco en los cinco meses anteriores. Karen Manrique se entregó en Tame, Arauca, ante el peligro procesal decretado por la Corte.
Reuniones clave y otros implicados
Entre las reuniones destacadas figuran la del 28 de noviembre de 2023 por Teams, con participación de Benavides, Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Manrique; una presencial de 48 minutos el 4 de diciembre; dos pre-sesiones el 5 de diciembre; y otra el 15 de diciembre con Manzur en el Ministerio de Hacienda. Otros implicados mencionados son Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Tanto Manzur como Manrique enfrentan ahora una investigación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en medio del escándalo nacional por el desvío de recursos de la Ungrd.
«ahí no hay nada… Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó»
Wadith Manzur, congresista, en reunión con María Alejandra Benavides
La defensa de los congresistas rechaza las acusaciones y alega que se trató de una gestión legítima de necesidades regionales con fines humanitarios. Este caso genera un impacto significativo en la política colombiana, al exponer presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos y cuestionar la transparencia en el manejo de fondos para la gestión de riesgos.
