La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su Sala de Instrucción, dictó el 11 de marzo una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, ambos acusados de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión se tomó en el marco del proceso penal bajo la Ley 600, descartando opciones como prisión domiciliaria o medida provisional, debido a presuntas evidencias de que recibieron beneficios a cambio de respaldar decisiones y manipular contratos y recursos de la entidad.
Los congresistas, recién reelectos, niegan cualquier participación en los hechos y mantienen su curul, aunque suspendidos de sus funciones mientras permanecen privados de la libertad. Esta medida los une a un grupo de cinco congresistas ya enjuiciados por el mismo caso de la Ungrd, en un contexto de amplio escándalo de corrupción que ha sacudido al país. Solo una sentencia condenatoria firme podría derivar en la pérdida de investidura e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Graves consecuencias penales por los delitos imputados
Los cargos de cohecho impropio conllevan penas de prisión entre cuatro y ocho años, acompañadas de multas e inhabilitación por el mismo período, mientras que el interés indebido en la celebración de contratos prevé condenas de cinco a doce años de cárcel, multas proporcionales al perjuicio causado y similar inhabilitación. Posibles apelaciones podrían mantener la presunción de inocencia hasta una segunda instancia o casación.
«Por la imposición de la medida de aseguramiento no se derrumba la presunción de inocencia».
Rogelio Roldán, abogado penalista
«La pena surge cuando se ha vencido en juicio oral la presunción de inocencia y se ha llegado a ese conocimiento más allá de lo razonable sobre la existencia del delito y sobre la participación del mismo».
Rogelio Roldán, abogado penalista
Este nuevo capítulo en el escándalo de la Ungrd subraya las investigaciones en curso sobre irregularidades en la gestión de recursos para desastres, con los implicados a la espera de las próximas audiencias que definirán su situación judicial definitiva.
