La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón y el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo, comandante de la Estación E-11 de Suba, junto a otros miembros de la Policía Nacional, por su responsabilidad en la obtención e implantación de un arma de fuego para encubrir el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la calle 116 con avenida Boyacá, en Bogotá.
El crimen tuvo lugar mientras Becerra realizaba grafiti y era perseguido por uniformados, momento en el que Alarcón le disparó fatalmente. Para ocultar el homicidio, los policías implantaron en la escena una pistola calibre 22, acción que la Corte Suprema ha validado como ajena a sus funciones constitucionales y que reconfigura el panorama judicial del caso al confirmar la exclusión de la competencia de la justicia penal militar.
La contundente sentencia de la Corte
Esta decisión reciente subraya cómo las conductas de los implicados no solo contradicen el rol de la fuerza pública, sino que pervierten la administración de justicia, dejando claro que tales manipulaciones de pruebas no tienen cabida en el ejercicio legítimo de sus deberes.
«la obtención de un arma de fuego y su implantación en la escena donde cayó abatido el adolescente para encubrir el homicidio que sobre él cometió el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, ninguna relación tienen con las funciones que constitucional y legalmente les corresponden, más aún cuando las conductas objeto de acusación, por el contrario, resultan abiertamente opuestas a las funciones constitucionales de la fuerza pública y, por supuesto, ajenas al campo de competencia de la justicia penal militar»
Corte Suprema de Justicia
El fallo representa un cierre definitivo en un caso que ha marcado la historia reciente de abusos policiales en Colombia, basado en información reportada por Jesús Avilés de Infobae, y refuerza la necesidad de accountability en las instituciones de seguridad.
