La Corte Suprema de Justicia reabre la investigación contra Armando Benedetti, actual ministro del Interior de Colombia, por presuntas irregularidades en el sistema de pensiones del Magisterio en Córdoba. La reactivación ocurre tras la compulsa de copias remitida por la Fiscalía en 2016, cuando Benedetti ejercía como senador, y el caso apunta a un desvío que alcanzaría la suma de 150.000 millones de pesos vinculados a docentes inexistentes o suplantados, cuyos pagos habrían sido autorizados mediante resoluciones falsas con la participación de Fiduprevisora y las secretarías de Educación afectadas. El escenario de las diligencias es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en Córdoba, Colombia, y la noticia llega a la redacción de La Veintitrés Manizales como una información de alto impacto para la región.
La línea de la investigación se ha intensificado con la elaboración de documentos falsos para reclamar pensiones y una administración irregular de estas prestaciones. En este marco, el magistrado Farfán ha solicitado nuevas pruebas y declaraciones, y la Fiscalía ha ordenado un allanamiento a la residencia de Benedetti, que él ha calificado como ilegal. Todo ello en un proceso que se ha convertido en un referente de las pesquisas que buscan esclarecer las irregularidades en las pensiones del Magisterio y sus posibles vínculos institucionales en Córdoba.
Conexiones, cifras y actores del caso
Entre las cifras destacadas por la fiscalía se señala un desvío de 150.000 millones de pesos y la existencia de beneficiarios que serían docentes inexistentes o suplantados. En paralelo, el expediente cita conmutas penales para otros implicados: Álvaro Enrique Burgos del Toro ha recibido 22 años de prisión, Guillermo Raúl Rhenals Cova 17 años, y Catherine Carine Cogollo Reina 7 años y 4 meses; Cogollo Reina figura además vinculada a un superávit de más de 6.000 millones de pesos correspondientes a las pensiones de 21 profesores. El documento menciona también a Leonardo Luis Pinilla Gómez, conocido como “El Porcino”, y señala posibles conexiones con el Cartel de la Toga y el Cartel de la Hemofilia, lo que amplía las aristas de la red investigada en Córdoba.
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Los antecedentes de este caso contemplan la compulsa de copias de la Fiscalía en 2016, cuando Benedetti era senador, y sitúan la magnitud de este desfalco entre los hechos más relevantes de desvío de recursos estatales en la región. Asimismo, se precisa que las resoluciones falsas permitieron pagos irregulares y que participaron Fiduprevisora y las secretarías de Educación; dentro del repertorio de personas involucradas figura la exjueza Catherine Cogollo Reina, condenada en 2019 por el mismo caso, y se registró un allanamiento a la residencia de Benedetti ordenado por la magistrada Cristina Lombana, acto que Benedetti ha calificado de ilegal ante las cámaras y en declaraciones contrastadas por la autoridad judicial.
Este conjunto de datos y actuaciones está orientado a esclarecer posibles alianzas entre jueces, abogados y funcionarios públicos y actores del sector privado dentro de la red de pensiones del Magisterio en Córdoba, un fenómeno que ha motivado nuevas diligencias y la recolección de testimonios. La magnitud del caso y las conexiones posibles con actores del poder público han mantenido a la región en expectativa y obligan a una revisión rigurosa de las prácticas administrativas y de control de los fondos destinados a las pensiones de docentes en esa jurisdicción.
