La Sala de Instrucción de la Corte Suprema reactivó la investigación contra Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, en el marco del conocido carrusel de las pensiones en Córdoba, y ordenó la práctica de nuevas pruebas testimoniales. La acción judicial también contempla el allanamiento de la residencia del funcionario en el Atlántico, y la fecha exacta de estos movimientos no fue especificada en la información disponible.
La investigación, que se vincula al carrusel de las pensiones en Córdoba, avanza con la citación de nuevos testigos entre los que figuran Álvaro Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals, Catherine Cogollo y Leonardo Pinilla, abogado procesado en el escándalo conocido como Cartel de la Toga. En esta etapa la Corte Suprema reanudó la indagación y ordenó la práctica de pruebas testimoniales adicionales para esclarecer la posible participación de Benedetti en delitos de concusión y tráfico de influencias, con señalamientos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, así como otras posibles figuras delictivas asociadas. Entre las consecuencias del proceso figuran las condenas de Guillermo Raúl Rhenals, 22 años de prisión, y Álvaro Burgos del Toro, 17 años, por desfalco al magisterio cordobés.
La Corte reanuda la indagación y cita a nuevos testigos en Córdoba
«Increíble que sea ministro del Interior» – Enrique Gómez, abogado y político
«Entre los cargos que mencionó se encuentran “cohecho propio, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión”» – Enrique Gómez, abogado y político
«la acumulación de investigaciones debería ser incompatible con cualquier cargo de alta responsabilidad pública» – Enrique Gómez, abogado y político
Este desarrollo, que incluye una reanudación de la pesquisa y la citación de nuevos testigos, se inserta en un contexto de otros casos de corrupción regional y tiene un impacto directo en la confianza ciudadana. Aunque la información no especifica una fecha, el avance del proceso coloca al alto funcionario en el centro de un debate público sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de transparencia en la gestión de recursos públicos en Córdoba y sus conexiones con el Atlántico.
