La Corte Suprema de Justicia desestimó este 9 de octubre de 2026 la petición de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien solicitaba revocar su traslado a la cárcel La Picota en Bogotá. El presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez, determinó que la presidencia carece de atribuciones para intervenir en actuaciones judiciales o en asuntos administrativos vinculados a ellas, por lo que la solicitud debe ser tramitada ante el juez de ejecución de penas, el Inpec o la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
Pinilla, quien permanecía recluido en una guarnición militar desde agosto de 2024 por decisión del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá para proteger su vida e integridad, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión tras suscribir un preacuerdo con la justicia en el que aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. El presidente de la Corte, Abelardo de la Espriella, ordenó su traslado a La Picota para continuar el cumplimiento de la condena, decisión que la defensa de Pinilla cuestionó argumentando que existe una decisión judicial vigente que ordena su permanencia en un centro de reclusión militar.
Las razones de la Corte Suprema
En su respuesta, el presidente Lenis Gómez fue contundente al señalar que «las solicitudes en el marco de tales actuaciones deben realizarse dentro del correspondiente proceso ante el funcionario de conocimiento». Esto implica que ni la presidencia del alto tribunal ni su Sala de Gobierno tienen facultades para emitir órdenes relacionadas con el lugar de reclusión de un condenado, pues dicha competencia recae exclusivamente en los jueces que conocen del proceso o en las autoridades penitenciarias. El magistrado recordó que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas, tal como lo expresó el abogado defensor de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, quien afirmó que «las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas».
«Mi compromiso de colaborar con la justicia continúa vigente; por ello, solicito que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir y proteja oportunamente mi vida»
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd
Pinilla es considerado testigo clave en el escándalo de corrupción de la Ungrd, pues manifestó su intención de colaborar con la justicia entregando información sobre presunto direccionamiento de contratos y sobornos a congresistas. Su defensa sostiene que la decisión judicial que lo mantiene en una guarnición militar sigue vigente, mientras que las autoridades penitenciarias argumentan que el traslado obedece al cumplimiento de la condena impuesta. Fuentes cercanas al caso indican que Pinilla acudirá a otros recursos judiciales para intentar frenar su permanencia en La Picota.
El caso involucra también a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, cuyo traslado a la misma cárcel fue cuestionado por su defensor, José Luis Moreno. Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella compartió desde su cuenta de X el martes 6 de octubre de 2026 una grabación en la que se observan a Olmedo López y Sneyder Pinilla encadenados de pies y manos, imagen que generó polémica entre sectores que consideran que se vulneraron derechos fundamentales de los procesados. En septiembre de 2024, un juez de control de garantías había acogido una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema y ordenado el traslado de ambos a una guarnición militar, medida que ahora es objeto de controversia tras la orden del presidente de la Corte.
