La Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través del magistrado Misael Rodríguez, suspendió las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación a la línea registrada a nombre de Jaime Ramírez Cobo, quien resultó ser utilizada por el presidente Gustavo Petro. Esta decisión, tomada recientemente en el despacho del magistrado y revelada por la revista Semana, se fundamenta en que la Corte carece de facultad para investigar al jefe de Estado, lo que obligó a detener la vigilancia sobre esa línea.
El caso surge en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra a congresistas aforados y funcionarios cercanos a la Casa de Nariño. Jaime Ramírez Cobo, quien trabajó en la Presidencia de la República hasta el 31 de enero de 2024 y mantiene una relación cercana con la embajadora Laura Sarabia —de quien fue padrino de matrimonio—, ha sido mencionado en chats y testimonios como el enlace clave para la gestión de contratos. Entre estos destacan más de 700.000 millones de pesos en contratos manejados desde el Ministerio de Hacienda y una matriz de contratos por 92.000 millones de pesos enviada a Sneyder Pinilla. Además, congresistas como Wadith Manzur y Karen Manrique habrían suministrado listas de contratistas, mientras que existe la posibilidad de un preacuerdo para Ramírez Cobo si formaliza su vinculación contra el exministro Luis Fernando Velasco. Cabe anotar que Ramírez Cobo se encuentra de vacaciones en Europa desde marzo de 2025.
Impacto en la recolección de pruebas
La suspensión de las interceptaciones no solo afecta las comunicaciones del presidente Petro y la embajadora Sarabia, captadas como evidencia, sino que también complica la recolección de pruebas contra los congresistas aforados implicados en el escándalo de la Ungrd. Esta medida judicial resalta las limitaciones procesales al investigar figuras de alto nivel y podría retrasar avances en la pesquisa sobre irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios.
“Esa línea no podía seguir siendo interceptada”
Fuente judicial
Este desarrollo añade un nuevo capítulo a las tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo, en un contexto de crecientes cuestionamientos a la gestión de recursos públicos en entidades clave como la Ungrd, donde las evidencias apuntan a una red de influencias que abarca desde el Congreso hasta la Presidencia.
