La Corte Suprema de Justicia reveló que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia ha sufrido abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología, durante el conversatorio “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes” que se llevó a cabo el pasado martes 28 de julio en la Universidad Eafit, sede Medellín. En el encuentro participaron altos representantes del poder judicial, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno; y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate. El objetivo del conversatorio fue diagnosticar la dimensión del problema, exponer los desafíos institucionales y promover una respuesta articulada entre las entidades del Estado.
Las cifras presentadas por la Corte, la Fiscalía y el ICBF son alarmantes. El 21 por ciento de los adolescentes que navegan en internet en Colombia, es decir, uno de cada cinco, ha sido víctima de abuso o explotación sexual mediada por dispositivos tecnológicos. De ese universo, el 15 por ciento recibió imágenes sexuales no deseadas, el 6 por ciento fue objeto de ofrecimientos de dinero o regalos a cambio de fotografías de contenido sexual, y el 5 por ciento enfrentó presiones o chantajes relacionados con material íntimo. Además, entre 2022 y 2025, el 60 por ciento de las víctimas de presuntos delitos sexuales tenía entre 10 y 14 años. En el sistema SPOA de la Fiscalía se registraron 22.697 menores víctimas de explotación sexual comercial entre 2015 y 2025, y durante el mismo período 18.883 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por estos delitos.
Los magistrados señalaron que la violencia sexual se ha convertido en la segunda causa más frecuente de ingreso de menores al ICBF en el periodo 2022-2025, y advirtieron que existen factores que retrasan las investigaciones y generan revictimización de los niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, destacaron la aprobación de la Ley 2477 de 2025, que habilitó la práctica de pruebas anticipadas para agilizar los procesos judiciales, pero subrayaron que su efectividad dependerá de la coordinación entre las entidades encargadas de la atención, la investigación y la judicialización.
“De ahí la necesidad de que este encuentro sea un diálogo honesto que permita seguir edificando factores estructurales de esta violencia y trazar una ruta más efectiva para la prevención, la protección y la garantía de los derechos de la niñez”.
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia
“Siempre bajo el compromiso jurídico y ético de proteger a la niñez con todo el peso de las instituciones”.
Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional
Las altas cortes hicieron un llamado a fortalecer la respuesta institucional de manera integral, sin limitarse a intervenir cuando el daño ya ha ocurrido. Propusieron usar herramientas de prevención, educación, respuesta penal y mecanismos restaurativos, y recordaron que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una obligación compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. El conversatorio, organizado por la Corte Suprema de Justicia, busca sentar las bases para una estrategia más efectiva que prevenga la violencia sexual y garantice los derechos de la niñez en Colombia.
