Corte tumba cátedra de la Afroraizalidad en San Andrés por omitir consulta previa

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La Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, declaró inexequible la Ley 2471 de 2025, que creaba la Cátedra de la Afroraizalidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al determinar que el Congreso de la República omitió realizar la consulta previa al pueblo raizal, un requisito exigido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia constitucional. La decisión, contenida en la Sentencia C-370 de 2026, respondió a la demanda presentada el 11 de marzo de 2026 por los ciudadanos Maicol Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven Torres Munévar, quienes argumentaron que la ley, sancionada el 4 de julio de 2025, afectaba directamente a esta comunidad étnica sin haber agotado dicho procedimiento.

La Ley 2471 de 2025 buscaba incorporar la cátedra de la Afroraizalidad en los proyectos educativos institucionales de todos los establecimientos educativos del archipiélago, incluyendo los de carácter público, privado y mixto, para los niveles de preescolar, básica y media. Además de reformar el artículo 47 de la Ley 47 de 1993 en materia de protección del patrimonio cultural material e inmaterial, la normativa incluía disposiciones sobre la enseñanza del Creole, la formación de docentes y requisitos lingüísticos para acceder a cargos públicos. Entre estos requisitos se establecía el dominio y la certificación de castellano, inglés y Creole para los no raizales, aspectos contenidos en los artículos 6, 8 y 9 de la ley.

Fallo por vicio de forma

La Corte determinó que la inexequibilidad se fundamentó exclusivamente en un vicio de forma, por la falta de consulta previa al pueblo raizal, y no se pronunció de fondo sobre otros cargos presentados por los demandantes, como el principio de unidad de materia y el derecho de acceso a cargos públicos, respecto de los cuales se declaró inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda. Como consecuencia de la decisión, los artículos 42 y 47 de la Ley 47 de 1993, que habían sido modificados por la norma declarada inexequible, recobran plena vigencia en el ordenamiento jurídico.

La Corte también exhortó al Congreso de la República a presentar un nuevo proyecto de ley que cumpla con el trámite legislativo correspondiente, garantizando la realización de la consulta previa al pueblo raizal, tal como lo exigen el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional. Este llamado busca que, en un eventual nuevo proceso, se respeten los derechos fundamentales de la comunidad raizal del archipiélago, asegurando su participación en la toma de decisiones que los afectan directamente. La decisión de la Corte reitera la importancia de la consulta previa como mecanismo de protección de los derechos de las comunidades étnicas en Colombia.

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