En un año marcado por intensas tensiones institucionales, el presidente Gustavo Petro protagonizó en 2025 múltiples choques con las altas cortes colombianas, principalmente en Bogotá, donde el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral emitieron fallos que limitaron sus alocuciones presidenciales, suspendieron el decreto 0639 de consulta popular del 11 de junio y la Ley 2381 de 2024 sobre reforma pensional el 14 de junio, absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez el 22 de octubre y ordenaron rectificaciones por declaraciones presidenciales que afectaron la honra de terceros, además de sancionar a Colombia Humana por irregularidades en la campaña de 2022.
Estos eventos, impulsados por denuncias sobre el uso excesivo de alocuciones —más de una decena en los primeros nueve meses del año—, usurpación de competencias del Congreso, vicios en el trámite legislativo como inconsistencias en la conciliación, artículos sin discusión y dudas en el cuórum, así como presuntas irregularidades electorales, escalaron una relación que pasó de un diálogo tenso a una confrontación abierta, con antecedentes de advertencias desde 2024 por la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral.
Fallos que marcaron el pulso judicial contra el Ejecutivo
El Consejo de Estado, el 3 de octubre, estableció condiciones estrictas para las alocuciones presidenciales, exigiendo excepcionalidad, urgencia y objetividad, y ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones crear un marco regulatorio. Días después, el 18 de junio, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de consulta popular, mientras que el 14 de junio frenó la entrada en vigencia de la reforma pensional por graves vicios procesales. En paralelo, el Consejo Nacional Electoral impuso sanciones a Colombia Humana, su exgerente de campaña y miembros por exceder topes de gasto y recibir aportes prohibidos en las elecciones de 2022, aunque la Corte Constitucional suspendió la investigación en abril. El proceso de reforma pensional quedó detenido hasta febrero de 2026 por la recusación del conjuez Pablo Márquez, y el 24 de noviembre se registró un histórico empate 4-4 en la Sala Plena de la Corte Constitucional, con 18 conjueces disponibles para desempatar.
“Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro también enfrentó órdenes de rectificación por declaraciones contra figuras como Hannah Escobar el 10 de febrero, Marta Lucía Ramírez los 4 de octubre y 10 de diciembre, Mario Burgos, Jorge Armando Bohórquez el 15 de noviembre, Paloma Valencia y varios periodistas el 20 de octubre. La absolución de Álvaro Uribe por la Corte Suprema el 22 de octubre avivó las críticas presidenciales, quien revivió su propuesta de una asamblea nacional constituyente ante lo que percibe como cuestionamientos a la legitimidad judicial.
“Acato esa decisión, pero no la comparto…”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Reacciones y tensiones institucionales
Frente a estos fallos, Petro cuestionó abiertamente la justicia, afirmando “Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”, lo que generó respuestas desde el poder judicial. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente y ponente de la Corte Constitucional, defendió que “La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege”. Por su parte, Hermes Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, advirtió que “Descalificar las decisiones de la Rama Judicial, bien sean de una esquina o de otra (…) es nocivo para la democracia”.
El impacto de estos choques suspendió iniciativas clave del Gobierno, profundizó divisiones sobre la legitimidad de las instituciones y alimentó debates sobre el equilibrio de poderes en Colombia, dejando un panorama de incertidumbre política hacia el cierre de 2025.
