En un 2025 marcado por intensos enfrentamientos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes colombianas, una serie de fallos judiciales generaron controversia al limitar las alocuciones presidenciales, suspender el Decreto 0639 de consulta popular el 11 de junio y la Ley 2381 de 2024 sobre reforma pensional el 14 de junio, absolver al exmandatario Álvaro Uribe Vélez el 22 de octubre por el Tribunal Superior de Bogotá, y ordenar rectificaciones a diversas declaraciones presidenciales. Estas decisiones, emanadas principalmente del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en Bogotá, respondieron a demandas civiles, suspensiones provisionales, sentencias y recursos de casación, con el fin de preservar los límites al poder presidencial, la separación de poderes y corregir vicios en trámites legislativos que afectaban derechos de terceros.
La tensión escaló desde el uso excesivo de alocuciones presidenciales, con más de diez emitidas en los primeros nueve meses del año, lo que llevó al Consejo de Estado a fijar condiciones de excepcionalidad, urgencia y objetividad el 3 de octubre, ordenando su regulación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El 24 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional registró un empate 4-4 en un fallo relacionado, con 18 conjueces disponibles para desempatar, en medio de una vacancia judicial prevista del 20 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026. Estos choques inéditos probaron las reglas del Estado Social de Derecho, deteniendo procesos clave como la reforma pensional hasta febrero de 2026 y avivando debates sobre la interpretación constitucional y los riesgos a la separación de poderes.
La suspensión de la reforma pensional y los vicios procesales
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la reforma pensional por inconsistencias en la conciliación y falta de cuórum durante su trámite legislativo, con una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que propone declararla inconstitucional. De manera similar, el Decreto 0639 de consulta popular fue frenado, evidenciando los controles judiciales sobre iniciativas del Ejecutivo.
«La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege»
Jorge Enrique Ibáñez Najar, Presidente de la Corte Constitucional
Absolución de Uribe y la furia presidencial
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez el 22 de octubre de 2025 en un proceso pendiente de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que desató una tormenta política. El presidente Petro reaccionó con fuertes críticas, cuestionando la decisión y aludiendo a posibles manipulaciones en la justicia.
«Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto»
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Además, las cortes ordenaron múltiples rectificaciones a declaraciones presidenciales, incluyendo las de Hannah Escobar el 10 de febrero, Marta Lucía Ramírez los 4 de octubre y 10 de diciembre, Mario Burgos, Jorge Armando Bohórquez el 15 de noviembre, Paloma Valencia y varios periodistas el 20 de octubre. El Consejo Nacional Electoral sancionó a Colombia Humana por irregularidades en la campaña de 2022, sanción suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional en abril de 2025.
«Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado»
Gustavo Petro, Presidente
«Acato esa decisión, pero no la comparto…»
Gustavo Petro, Presidente
«¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La Constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales»
Gustavo Petro, Presidente
La relación tensa entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que se agudizó desde 2024 por el uso intensivo de alocuciones, ha puesto a prueba los equilibrios institucionales en Colombia, generando un pulso abierto que impacta procesos legislativos y aviva discusiones sobre el Estado de derecho en el país.
