La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) elaboró un borrador de resolución para actualizar las fórmulas de tarificación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, una iniciativa que desató críticas por falta de transparencia y desencadenó tensiones entre el Gobierno y las organizaciones de recicladores, incluida la destitución del viceministro de Agua, Edward Libreros, en un momento de grandes decisiones en la gestión presidencial.
El texto, confeccionado con la participación de la CRA, el Ministerio de Vivienda, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y diversas organizaciones de recicladores, plantea un proceso de revisión de tarifas vigente cada cinco años, con una vida útil de hasta diez años para la metodología. Entre las novedades más discutidas figuran que los recicladores deben asumir la seguridad social de sus miembros y cumplir con nuevas obligaciones como contratos formales, campañas educativas y mayor fiscalización; se percibe también que hay instrucciones del Ejecutivo para frenar las tarifas. No hay una fecha de implementación especificada en el borrador, y la discusión se dio a conocer en un contexto de debate sobre transparencia y efectos económicos en la cadena productiva de los recicladores.
Impacto en tarifas, seguridad social de recicladores y tensiones institucionales
En el marco técnico, la periodicidad de cinco años y la vida útil de hasta diez años buscan dar seguridad a costos y tarifas, pero el borrador advierte que cambios podrían afectar a una cadena de valor que incluye a aproximadamente 74.000 recicladores, cuyo futuro podría depender de la forma en que se financie la seguridad social y de las nuevas obligaciones que se proponen. Se estima además una provisión del 21% del pago recibido por el servicio para seguridad social, una medida que los recicladores cuestionan por no estar reglamentada y por la ambigüedad en su implementación futura. En medio de estas expectativas, circula la impresión de que el Ejecutivo está empujando para frenar tarifas, lo que ha generado tensiones con Andesco y otros actores del sector público-privado.
«El documento técnico no contiene la información completa y suficiente para sustentar los análisis realizados» – Edward Libreros, ex viceministro de Agua
Contexto y claves de la discusión dejan ver que, aunque la revisión tarifaria forma parte de un proceso de actualización reconocido, su publicación ha devuelto a al debate público una discusión sobre transparencia y viabilidad económica para empresas públicas, privadas y el propio sector de reciclaje. En el terreno de las señales, la presencia de anuncios desde el Gobierno de instruir a la CRA a mantener una postura firme ante Andesco, junto a la afirmación de que la seguridad social de recicladores debe ser regulada por el Ministerio del Trabajo, revela una fractura en el manejo regulatorio y abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre el rumbo de las tarifas y sus implicaciones para millones de usuarios.
Antecedentes y contexto necesario apuntan a que debates sobre reformas de marcos tarifarios para agua, alcantarillado y aseo han sido recurrentes en Colombia, y que la crisis institucional provocada por este borrador suma presión a un tablero político ya tenso entre la Administración y actores regulados. La noticia de hoy indica que el camino hacia una definición tarifaria más ajustada a criterios de sostenibilidad podría redefinir costos para empresas públicas y privadas, y, para el sector de reciclaje, podría marcar un antes y un después en su estructura de ingresos y obligaciones, con un hilo conductor que apunta a mayor transparencia y responsabilidad normativa.
En síntesis, esta situación refleja una encrucijada entre la necesidad de actualizar marcos tarifarios para servicios básicos y la demanda de transparencia y protección para un sector clave como es el de los recicladores, cuyo destino podría depender de decisiones que aún están por definirse en el marco de las próximas semanas y meses.
