La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha propuesto establecer topes máximos para los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1.981 pesos para servicios fijos, ambos en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada el 26 de diciembre de 2025 para consulta pública abierta hasta el 9 de febrero de 2026, busca regular estas tarifas en todo el territorio colombiano y se basa en un exhaustivo análisis de datos técnicos y operativos de los operadores durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.
La propuesta responde al mandato de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular estos cobros dentro de los 12 meses siguientes a su sanción, y se alinea con el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones (RPU), que exige que solo se cobren costos estrictamente necesarios y eficientes, excluyendo gastos no indispensables como reparaciones o mantenimiento. Un documento inicial emitido el 25 de julio de 2025 ya había identificado diferencias significativas en las prácticas de cobro entre operadores, lo que impulsó esta diferenciación tarifaria ajustada tras comentarios recibidos de las empresas.
Protección al usuario y proceso de reconexión
La reconexión, entendida como el restablecimiento del acceso al servicio tras el pago de la deuda, se realiza en más del 90 por ciento de los casos para servicios fijos y de televisión por suscripción de manera remota y automatizada, lo que justifica los topes propuestos al eliminar costos innecesarios. Esta medida protege directamente a los usuarios al limitar los cobros a valores razonables y eficientes, actualizando la Resolución CRC 5050 de 2016 con estas nuevas disposiciones tarifarias.
Los interesados pueden enviar sus comentarios al correo [email protected] antes del cierre de la consulta el 9 de febrero de 2026, con miras a una adopción definitiva de la regulación antes del 16 de julio de 2026. Esta iniciativa representa un avance clave en la defensa de los derechos de los consumidores de telecomunicaciones en Colombia, promoviendo prácticas más transparentes y justas en el sector.
