La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia presentó una propuesta para establecer topes máximos en los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para los servicios móviles y de 1.981 pesos para los fijos, ambos expresados en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada el 26 de diciembre de 2025, abre un período de consulta pública que se extenderá hasta el 9 de febrero de 2026, permitiendo a los interesados enviar sus observaciones al correo electrónico reconexion@crcom.gov.co.
Cumplimiento de la Ley 2485 y análisis de costos
La medida responde directamente al mandato de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular estos cobros dentro de los 12 meses siguientes a su entrada en vigor, basándose en costos eficientes para proteger los derechos de los usuarios y limitar los pagos solo a lo estrictamente necesario para restablecer el servicio. El análisis realizado por el regulador se apoyó en datos técnicos y operativos proporcionados por los operadores durante los años 2022 y 2023, así como en el primer semestre de 2024, identificando previamente en un documento inicial del 25 de julio de 2025 diferencias significativas en las prácticas de cobro y la existencia de cargos sin justificación adecuada.
Los topes diferenciados entre servicios móviles y fijos se derivan de reportes detallados de los operadores, excluyendo explícitamente actividades no indispensables como reparaciones o mantenimiento general, y definiendo la reconexión únicamente como el restablecimiento del acceso una vez pagada la deuda. De hecho, más del 90% de los accesos a servicios fijos y televisión por suscripción ya emplean métodos de reconexión remota, lo que respalda la viabilidad de estos límites.
Esta nueva regulación se incorporará como adición a la metodología de actualización tarifaria prevista en la Resolución CRC 5050 de 2016, con una adopción definitiva que deberá concretarse antes del 16 de julio de 2026, garantizando así un marco más equitativo para los consumidores colombianos en el sector de las telecomunicaciones.
