La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia ha propuesto topes máximos para los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, estableciendo un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1.981 pesos para servicios fijos, ambos en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa se dio a conocer mediante un documento publicado el 26 de diciembre de 2025, que abre una consulta pública hasta el 9 de febrero de 2026, con el fin de recibir aportes de operadores, usuarios y otros interesados en el sector.
La propuesta surge como cumplimiento de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular estos cobros en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor, basándose en un exhaustivo análisis técnico, económico y jurídico. Los datos examinados corresponden a los años 2022 y 2023, así como al primer semestre de 2024, y destacan que más del 90 por ciento de los accesos fijos y de televisión por suscripción se reconectan de manera remota y automatizada, lo que justifica los topes propuestos para evitar cobros excesivos.
Base en costos eficientes y protección al usuario
El documento de la CRC diferencia las tarifas entre servicios móviles y fijos, considerando las observaciones de los operadores sobre posibles intervenciones en terreno, aunque excluye explícitamente cargos no indispensables como reparaciones o mantenimientos. De esta forma, se busca que los usuarios paguen únicamente los costos estrictamente necesarios para el restablecimiento de servicios como telefonía, internet o televisión, según la definición de reconexión establecida en el Régimen de Protección de Usuarios (RPU), que corresponde al restablecimiento del acceso tras el pago de la deuda.
Esta regulación complementa un documento previo publicado por la CRC el 25 de julio de 2025, que identificó diferencias en las prácticas de cobro entre operadores y la existencia de cargos sin justificación adecuada. Los interesados pueden enviar sus comentarios al correo electrónico reconexion@crcom.gov.co antes del cierre de la consulta pública. La adopción definitiva de estas medidas deberá ocurrir antes del 16 de julio de 2026, fortaleciendo así la protección de los derechos de los consumidores en el mercado de telecomunicaciones colombiano.
