CRC propone topes de $275 para reconexión móvil y $1.981 para fija

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia presentó una propuesta para establecer topes máximos en los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1.981 pesos para servicios fijos, ambos en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada el 26 de diciembre de 2025, se somete a consulta pública hasta el 9 de febrero de 2026, permitiendo a los ciudadanos y operadores enviar observaciones al correo reconexion@crcom.gov.co.

La medida surge en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular estos cobros dentro de los 12 meses siguientes a su entrada en vigor. Tras analizar datos de los operadores correspondientes a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, el regulador identificó diferencias significativas en las prácticas de cobro, como se detalló en un documento inicial emitido el 25 de julio de 2025. La propuesta busca limitar estos cargos únicamente a los costos estrictamente necesarios para restablecer el servicio, excluyendo gastos no indispensables como reparaciones o mantenimiento.

Distinciones por tipo de servicio y avances tecnológicos

Los topes diferenciados para móviles y fijos se basan en estimaciones de costos eficientes para cada segmento, considerando que más del 90% de los accesos fijos y de televisión por suscripción ya utilizan reconexión remota, lo que agiliza el proceso tras el pago de la deuda según el Régimen de Protección de Usuarios (RPU). Las operadoras deberán adoptar estas regulaciones antes del 16 de julio de 2026, promoviendo así una mayor protección para los usuarios al evitar cobros excesivos por el simple restablecimiento del servicio.

Esta regulación representa un paso clave hacia la transparencia en el sector de telecomunicaciones en Colombia, beneficiando directamente a millones de usuarios que enfrentan suspensiones temporales por mora, y alineándose con los principios de equidad y eficiencia establecidos en la legislación reciente.

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