En un fallo que reivindica la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reintegrar a María Luisa Hernández Lozano, exsubdirectora de la cárcel La Esperanza de Guaduas. La decisión judicial, que anula la resolución de insubsistencia emitida el 2 de octubre de 2020, concluye que su despido fue una retaliación directa por haber denunciado actos de corrupción y acoso laboral en 2017. El tribunal determinó que existió una desviación de poder, al usar la figura de libre nombramiento y remoción como un mecanismo de castigo por la colaboración de la funcionaria con la Fiscalía General de la Nación.
Hernández Lozano ingresó al Inpec en 2013 y su calvario comenzó en 2017, cuando rindió una declaración jurada confidencial ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Corrupción de la Administración de Justicia. En su testimonio, reveló graves irregularidades en la concesión de beneficios y libertades dentro del área jurídica del penal de Guaduas. Su valentía tuvo un resultado inmediato: el 30 de junio de 2017 fue capturado el entonces director de la cárcel, mayor Fabián Ríos Cortés, quien quedó implicado en una red de corrupción. Tras la captura, Hernández Lozano asumió la dirección encargada del centro penitenciario, primero durante 20 días y luego, entre junio de 2018 y abril de 2020.
Acoso y represalias
El panorama cambió drásticamente con la llegada del coronel Elmer Fernández Velasco en abril de 2020. Según el fallo del tribunal, Fernández Velasco inició una serie de restricciones y maltratos contra Hernández Lozano, impidiéndole participar en cuerpos colegiados y asignándole labores que no eran de su competencia a través de órdenes verbales y escritas. La situación escaló a tal punto que, el 14 de mayo de 2020, la funcionaria presentó una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Equidad y la Mujer, denunciando los maltratos verbales que sufría por parte del coronel. El tribunal fue enfático al describir el contexto: “El coronel Fernández no le permitía hacer parte de los cuerpos colegiados ni ejercer sus funciones a cabalidad, pues, contrario a esto, a través de órdenes verbales y escritas le imponía labores que no eran de su competencia. Por hechos de maltrato verbal ocurridos el 14 de mayo de 2020, presentó queja en contra del señor coronel Fernández, ante la Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Equidad y la Mujer”.
“El coronel Fernández no le permitía hacer parte de los cuerpos colegiados ni ejercer sus funciones a cabalidad, pues, contrario a esto, a través de órdenes verbales y escritas le imponía labores que no eran de su competencia. Por hechos de maltrato verbal ocurridos el 14 de mayo de 2020, presentó queja en contra del señor coronel Fernández, ante la Procuraduría General de la Nación y la Consejería Presidencial para la Equidad y la Mujer”.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Menos de cinco meses después de esa queja, el 2 de octubre de 2020, el Inpec expidió la Resolución 004494 declarando insubsistente su nombramiento. La decisión se tomó sin que la entidad hubiera adelantado investigación alguna sobre las denuncias de acoso laboral presentadas por la funcionaria. Como corolario de este proceso, el 9 de noviembre de 2020, es decir, un mes después de su despido, se abrió una indagación disciplinaria en su contra. La espiral de represalias tuvo un grave impacto en la salud de Hernández Lozano, quien desarrolló un trastorno mixto de ansiedad y depresión, generando múltiples incapacidades médicas.
En su fallo, el tribunal recordó que los cargos de libre nombramiento y remoción no pueden ser utilizados como un mecanismo de castigo o retaliación. La orden es clara: el Inpec deberá reintegrar a Hernández Lozano en el mismo cargo de subdirectora o en uno de igual o superior jerarquía, y deberá pagarle todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde su retiro forzoso. La decisión se convierte en un precedente crucial para la protección de los funcionarios que denuncian actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado.
