Doce de las catorce campañas presidenciales que aspiran a llegar a la Casa de Nariño han cumplido con la obligación de reportar sus ingresos y gastos ante la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, revelando que en conjunto han recibido más de 82.500 millones de pesos y han desembolsado 60.545 millones cuando faltan apenas seis días para la primera vuelta de las elecciones. El informe, registrado por la organización Transparencia por Colombia, evidencia una abrumadora dependencia de los créditos bancarios, que representan el 93,9 por ciento de los ingresos totales, mientras que ninguna campaña reportó anticipos del Estado.
Los candidatos que encabezan la lista de financiación son Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con ingresos reportados por 32.000 millones de pesos, seguido por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 30.000 millones, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 15.000 millones. Las tres campañas obtuvieron la totalidad de esos recursos mediante créditos bancarios, lo que refleja una estrategia de financiación privada en la recta final de la contienda. En contraste, dos aspirantes no han presentado sus informes: Miguel Uribe Londoño, del Partido Demócrata Colombiano, y Clara López, de Unitarios, quien aunque desistió de su candidatura está obligada a reportar.
Los gastos superan el tope legal permitido por el CNE
En el rubro de egresos, la campaña de Abelardo de la Espriella también lidera, con gastos por 26.087 millones de pesos, seguida por Paloma Valencia, que reporta 17.775 millones, e Iván Cepeda, con 12.507 millones. El gasto total reportado por las doce campañas, 60.545 millones de pesos, supera el tope aprobado por el Consejo Nacional Electoral para la primera vuelta, que asciende a 39.003 millones de pesos. Este desbordamiento se explica en parte por el peso abrumador de la propaganda electoral, que concentra 44.810 millones de pesos, equivalentes al 74,1 por ciento de todo lo gastado. La administración representa el 15,7 por ciento, con 9.490 millones, mientras que los actos públicos apenas suman 1.702 millones, un 2,8 por ciento del total.
La financiación de las campañas presidenciales, a menos de una semana de la votación, deja al descubierto un modelo en el que los créditos bancarios son prácticamente la única fuente de ingresos, sin que se haya reportado ningún anticipo estatal. Esto contrasta con el propósito de la ley electoral de garantizar transparencia y equidad en el financiamiento político. Mientras las campañas de los candidatos más fuertes en recursos superan ampliamente los topes, quienes no han reportado quedan expuestos a posibles sanciones y a la incertidumbre sobre sus finanzas. La plataforma Cuentas Claras, diseñada para que los ciudadanos puedan fiscalizar el origen y destino de los dineros de las campañas, sigue siendo la herramienta central para monitorear el cumplimiento de la normativa, aunque la ausencia de dos reportes y la concentración de gastos en propaganda generan interrogantes sobre el control real del gasto electoral.
