El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Abelardo de la Espriella, publicó un borrador de decreto que plantea la creación de un sistema nacional de información sobre las guardias indígenas en Colombia, una iniciativa que encontró un rechazo contundente por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). La organización emitió un comunicado oficial el 30 de septiembre de 2026 en el que califica la medida como un intento de control estatal que atenta contra la autonomía de estos organismos de autodefensa y control territorial. El decreto, de carácter nacional, busca centralizar datos como el número de guardias, los territorios donde operan, el pueblo indígena al que pertenecen, la autoridad que las orienta y la cantidad de integrantes, con el argumento de que el Estado no posee un registro consolidado.
El propio borrador del Ministerio del Interior justifica la necesidad de esta herramienta al señalar que el Estado no cuenta con información oficial consolidada sobre las guardias indígenas, pues desconoce cuántas existen, en qué territorios actúan, qué autoridad propia las orienta ni con cuántos integrantes cuentan. Sin embargo, para el Cric, esta recolección de datos representa un riesgo latente de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria. La organización sostiene que las guardias son expresiones colectivas basadas en la espiritualidad, el derecho propio, la autonomía y la autodeterminación, por lo que no requieren autorización estatal para existir ni funcionar.
Una medida que genera desconfianza en las comunidades
El sistema propuesto por la cartera de Gobierno registraría la organización, el pueblo indígena, la jurisdicción, la autoridad, la cantidad de integrantes y los enlaces para la comunicación estatal. No obstante, el borrador aclara que la inclusión en la plataforma es meramente informativa y no implica un reconocimiento pleno de la organización, y subraya que ninguna entidad podrá exigir el reporte de información al sistema ni la constancia como requisito para reconocer a la guardia o para acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación. Pese a estas precisiones, la respuesta del Cric no se hizo esperar, y a través de su Programa de Guardia Indígena manifestaron su postura en términos categóricos.
«La Guardia Indígena rechaza cualquier intento de regulación y control estatal sobre nuestros procesos»
Programa de Guardia Indígena del Cric
En su documento oficial, el Cric fue más allá al afirmar que la Guardia Indígena se debe a sus comunidades y autoridades ancestrales, y que no hacen parte de las políticas de gobiernos de turno. La organización advierte que este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente, pues dicha información podría convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria. Por ello, pidieron al Gobierno abstenerse de emitir medidas que restrinjan los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas.
Este choque de posturas evidencia la profunda tensión que la iniciativa ha generado entre el Gobierno nacional y las organizaciones indígenas del Cauca, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y donde las guardias cumplen un papel vital en la protección de sus territorios. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de sistematizar la información para mejorar la interlocución estatal, el Cric defiende que sus estructuras de autogobierno no pueden estar sujetas al visto bueno de ninguna autoridad gubernamental. La controversia queda servida y no se descarta que el borrador sea objeto de ajustes o incluso de su archivamiento definitivo ante la presión de las comunidades, que ven en esta medida una amenaza directa a su autonomía y a la legitimidad de sus formas propias de gobierno.
