El caso judicial contra Diego Marín, conocido como «Papá Pitufo» y señalado como líder de una red de contrabando, ha expuesto graves filtraciones y desconfianzas que derivaron en una profunda crisis institucional entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Policía Nacional, culminando en destituciones como la del brigadier general Edwin Masleider Urrego, exdirector de la Dijín. La investigación, liderada desde 2017 por el fiscal Andrés Marín, cobró prioridad en septiembre de ese año por orden directa de Petro a través del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y reveló una compleja red operativa que involucró a la Polfa de Cartagena, el Dipol, la Dijín e incluso Interpol, con la captura de Marín finalmente concretada en Madrid tras retrasos en la emisión de la circular roja.
La trama se inició con la colaboración del intendente Álvaro Galvis, agente encubierto cuya legalización ocurrió en marzo de 2023, pero pronto surgieron fracturas por sospechas de sabotaje y filtraciones de información operativa entre la contrainteligencia policial, encabezada por la coronel Julie Ruiz, y la fiscalía. Estas pugnas internas escalaron en septiembre de 2023 con la intervención de la Polfa en Cartagena, generando desacreditaciones mutuas y reuniones de alto nivel que expusieron divisiones profundas. El intendente Galvis fue acompañado por el candidato al Congreso Camilo Gómez en una de estas reuniones, mientras un periodista anónimo conectaba su figura con Velásquez y promovía al mayor César Ortiz, avivando las tensiones.
Crisis y purga en la Policía Nacional
La crisis detonó una reorganización masiva en la institución, con el retiro del exdirector de Policía William Salamanca en febrero de 2025, la destitución de Urrego por diferencias en esquemas de protección al abogado Abelardo de la Espriella y el controvertido allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti, además de traslados como los de la coronel Ruiz y el general Jorge Mora. El general William Rincón ordenó varias de estas medidas, junto con relevos como el del director Triana, quien apenas cumplió ocho meses en su cargo. Se menciona también al exdirector del DNI, Jorge Lemus, como presuntamente involucrado en decisiones de ascensos que alimentaron las sospechas. A pesar de estos cambios, la red de contrabando persiste al cierre de 2025, dejando un panorama de desconfianza institucional.
Esta síntesis se basa en un artículo de la revista Cambio, distribuido vía Colprensa, con hechos verificados directamente del contenido proporcionado, destacando cómo un caso de contrabando se convirtió en el epicentro de una purga policial y tensiones gubernamentales en Colombia.
