En un hecho que generó marcada tensión institucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la magistrada Cristina Lombana ejecutó este martes 21 de abril de 2026 una diligencia judicial en la sede de la comisión, mientras se tramita una recusación en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La inspección, liderada por Lombana, consistió en la revisión de más de 40 cuadernos de documentos del expediente para verificar posibles obstrucciones o retrasos en el proceso, en un momento en que el representante Alirio Uribe, coordinador de investigación de la comisión y militante del Pacto Histórico, cuestiona su imparcialidad.
La diligencia ha sido ampliamente criticada por realizarse antes de resolver la recusación pendiente contra Lombana, lo que agudiza el choque entre la Corte Suprema y la comisión. Esta acción se enmarca en el contexto de un fallo del Consejo Nacional Electoral que determinó un exceso en los topes de financiación por 3.042 millones de pesos y una omisión en el reporte de otros 3.698 millones durante la campaña de Petro en 2022, con sanciones impuestas a Ricardo Roa como gerente, Lucy Mogollón como tesorera y María Soto como auditora. Entre los aportes cuestionados destacan 500 millones de pesos de Fecode y 121.544.000 pesos de la USO.
Recusación por antecedentes y parcialidad
La recusación contra Lombana cita sus antecedentes en otros casos relacionados con financiación de campañas, argumentando la necesidad de un funcionario neutral para dirigir el proceso. Integrantes del grupo investigador del Congreso, como las representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, continúan impulsando el trámite político y judicial contra el presidente Petro, en medio de esta inspección que involucró el escrutinio detallado de la voluminosa documentación acumulada en más de 40 cuadernos.
«La recusación que se formula tiene como finalidad garantizar que la actuación continúe bajo la dirección de un funcionario que ofrezca plenas garantías de neutralidad, evitando que el proceso siga siendo conducido por quien, a partir de un conjunto de circunstancias objetivas, permite cuestionar razonablemente su imparcialidad»
Alirio Uribe, representante y coordinador de investigación en la Comisión de Acusación
Este episodio no solo pone en evidencia las fricciones entre poderes públicos, sino que mantiene en vilo el avance de las investigaciones sobre la campaña presidencial de 2022, con la comisión decidida a proseguir pese a las controversias judiciales en curso.
