Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y candidato presidencial, interpuso una acción de tutela contra el abogado Abelardo de la Espriella, aspirante a la misma dignidad, por presunta vulneración a su honra y buen nombre a través de declaraciones públicas consideradas falsas. La tutela, radicada el 20 de febrero de 2026 ante la Rama Judicial con el número de radicado 3572482 en el sistema oficial de tutelas en línea, busca ordenar la retractación de señalamientos realizados por De la Espriella durante una rueda de prensa el 12 de febrero de ese mismo año, en los que se vinculaba falsamente a Cristo con Moisés David Garvin Hernández como socio societario y con Roy Barreras.
El recurso judicial invoca los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, argumentando que las afirmaciones han dañado la reputación de Cristo, las cuales fueron amplificadas en redes sociales alcanzando más de 62.700 visualizaciones y miles de interacciones entre comentarios, reposts y reacciones. Previamente, el 12 de febrero de 2026, Cristo había solicitado la rectificación mediante un video y un comunicado público, seguido de un correo electrónico el 19 de febrero, pero una aclaración posterior emitida por De la Espriella en la plataforma X fue considerada insuficiente por el demandante.
Niega vínculos y espera fallo judicial
Cristo ha negado rotundamente conocer o tener cualquier vínculo personal, jurídico o comercial con Moisés David Garvin Hernández o con Sondra Macollins, enfatizando que las declaraciones carecen de fundamento. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha emitido una respuesta oficial pública conocida sobre la tutela. Se espera que en los próximos días se asigne un juez para admitir la acción y decidir sobre las pretensiones de retractación.
«socio de Cristo y socio de Roy Barreras»
Abelardo de la Espriella, abogado
Este enfrentamiento judicial se enmarca en el contexto de la creciente polarización política de cara a las elecciones presidenciales, donde las declaraciones en ruedas de prensa y redes sociales adquieren un impacto masivo, obligando a los implicados a recurrir a instancias legales para defender su imagen pública.
