El linchamiento digital y la ética olvidada, las lecciones que deja el caso del periodista Rafael Poveda
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
No es usual que, tras una denuncia de acoso sexual, la narrativa pública dé un giro tan drástico que el presunto agresor termine siendo percibido por buena parte de la opinión como la víctima de un linchamiento digital. Y eso parece estar ocurriendo con el colega Rafael Poveda, quien en los últimos días se convirtió en tendencia nacional. Más allá de las pasiones propias del caso, conviene detenerse en las lecciones que deja este episodio para el periodismo.
De unos meses para acá se volvió casi una constante en Colombia la aparición de denuncias de acoso sexual que involucran a figuras del periodismo. Cayeron dos destacadas figuras del Canal Caracol, también el director de Red+Noticias y el editor de Deportes de El Tiempo (los casos más sonados), todos envueltos en señalamientos que terminaron en el escrutinio público y, en la mayoría de los escándalos, sin desenlaces que los reivindicaran. En este contexto, el manejo de la crisis por parte de Poveda ha llamado particularmente la atención: un periodista curtido y experimentado que decidió hablar directamente, pidió respeto y se declaró respetuoso de las víctimas que lo señalan, publicó el audio en el que solicitó a las periodistas que le anunciaron que publicarían las denuncias que le permitieran exponer su posición, todo lo anterior en un tono sereno, pausado, sin estridencias ni emotividad. Una estrategia que, más allá de las interpretaciones, muchos han leído como una clase práctica de manejo de crisis mediática, al punto de mantenerlo por cuarto día consecutivo como tendencia número uno en Colombia, con más del 90 % de comentarios inclinados a defenderlo o a poner en duda las versiones de las presuntas víctimas.
Conozco a Rafael Poveda desde hace años en el ejercicio profesional. Esa circunstancia no me convierte en juez de su conducta ni me autoriza a descalificar la denuncia. Precisamente por eso considero indispensable defender el principio que protege a cualquier persona: el derecho a que su versión sea escuchada antes de ser sometida al juicio de la opinión pública. Quiero precisar de entrada que no lo estoy absolviendo. Lo conozco como colega y de él no puedo decir más que es un gran profesional, un caballero y un hombre respetuoso en su trato. Pero tampoco estoy descalificando, ni por un segundo, el crudo testimonio de la abogada que aparece en el video. Esa no es mi tarea ni mi función como periodista; no soy juez para dictar sentencias ni absoluciones.
Lo que sí me corresponde como periodista —y defenderé a capa y espada— es el rigor de nuestro oficio. Poveda, como cualquier ciudadano enfrentado a señalamientos de semejante magnitud, tenía el derecho fundamental a conocer las graves acusaciones en su contra antes de su publicación y a que su versión de los hechos fuera incluida al momento de presentarlas públicamente. Ese es el abecé del periodismo: contrastar las fuentes.
Aquí es donde la reflexión se hace urgente para el gremio. Sin demeritar en absoluto la tarea ni la causa del colectivo Yo te creo colega, cerrar la puerta a ese principio ético innegociable del periodismo es precisamente lo que termina provocando escenarios como el que hoy observamos. Cuando se omite deliberadamente la versión de la contraparte, la audiencia lo percibe. Y la reacción natural de una parte importante de la opinión pública es rechazar aquello que interpreta como un juicio anticipado. La falta de equilibrio informativo produjo un efecto bumerán que terminó desplazando el centro del debate: dejó de discutirse exclusivamente la denuncia para empezar a cuestionarse la manera como fue presentada.
Quizá aquí convenga hacer una autocrítica como gremio. En los últimos años, por temor a ser señalados de revictimizar a quien denuncia, algunos periodistas y plataformas han terminado confundiendo dos obligaciones que no son incompatibles. Escuchar y darle toda la importancia a una presunta víctima jamás puede significar renunciar al deber de verificar, contrastar y ofrecer la versión del señalado. Una responsabilidad no elimina la otra; por el contrario, ambas fortalecen la credibilidad del trabajo periodístico.
Vivimos en una época en la que las redes sociales se han consolidado como el nuevo patíbulo, un escenario donde el buen nombre y las reputaciones construidas durante décadas pueden destruirse en cuestión de minutos. Pero este caso también muestra la otra cara de la moneda: esa misma plaza pública digital, desde donde se ejecutan condenas mediáticas sin debido proceso, termina convirtiéndose en el espacio donde quien no fue escuchado encuentra un megáfono para ejercer su defensa. Cuando el periodismo cierra una puerta, las redes suelen abrir otra, con todas las virtudes y los excesos que ello implica.
El mayor riesgo de estos episodios es que terminan haciéndole daño a todas las partes. Si la denuncia resulta cierta, un manejo periodístico deficiente termina debilitando una causa legítima porque traslada la discusión desde los hechos hacia las formas. Y si la denuncia no logra probarse, el daño sobre la reputación del señalado puede resultar prácticamente irreversible. En cualquiera de los dos escenarios pierde la credibilidad: la de las víctimas, la del periodismo y la de la justicia.
El desenlace judicial de este caso y la determinación de responsabilidades les corresponderán a las autoridades. A nosotros, como periodistas y como sociedad, nos corresponde extraer una enseñanza mucho más amplia que el caso Poveda. El periodismo no puede actuar como juez, pero tampoco como caja de resonancia de una sola versión. La búsqueda de la verdad exige escuchar, verificar y contrastar, incluso cuando hacerlo resulte incómodo.
Porque cuando el afán por condenar reemplaza el deber de informar, el efecto bumerán es inevitable: el debate deja de girar alrededor de los hechos y termina concentrándose en los errores del mensajero. Y entonces todos pierden.
El periodismo pierde su autoridad moral cuando deja de contrastar; y las causas más justas pierden fuerza cuando renuncian a las garantías que exigen para todos.
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