Cuatro integrantes de la Policía Nacional, entre ellos el intendente Herrera Hernández, subcomandante de la estación San Vicente Ferrer en La Ceja, Antioquia, fueron enviados a un centro carcelario por torturar a un privado de la libertad con el fin de obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero. Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025 en la estación policial y la zona rural de La Ceja, donde los uniformados trasladaron al interno con engaños, lo esposaron y lo amenazaron con picas y palas para intimidarlo, advirtiéndole que sería ultimado y enterrado en una fosa si no colaboraba.
El intendente Herrera Hernández también enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento público, al emitir un reporte falso de fuga durante un supuesto traslado médico el 11 de julio de 2025. La víctima logró escapar y recibió auxilio en la finca La Unión, desde donde contactó a la Dijín para entregarse voluntariamente. La Fiscalía reportó el caso el 25 de abril de 2026, imputando a los cuatro policías y solicitando medida privativa de la libertad intramural, impuesta por un juez de control de garantías y apelada por la defensa.
Intimidación extrema y sufrimiento psíquico
Los acusados exigieron mediante coacción la entrega de las caletas, infligiendo sufrimiento psíquico al exhibir herramientas como palas y palines. La Fiscalía General de la Nación abrió el proceso para esclarecer las circunstancias y posibles otros implicados, destacando la gravedad de las acciones que comprometen la integridad de los derechos humanos.
“todos ellos (los hoy tras las rejas) le exigieron, mediante intimidación y coacción al interno, la entrega y ubicación de caletas con dineros o armas y le infligieron sufrimiento psíquico exhibiéndole herramientas como palas y palines a modo de intimidación, ya que si no entregaba la información pedida, entrega de caletas, sería ultimado y enterrado en una fosa”
Fiscal especializado Seccional Antioquia
Este caso resalta la necesidad de accountability en las fuerzas del orden, mientras las autoridades continúan investigando para evitar impunidades y garantizar justicia para la víctima.
