Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández, presuntos integrantes del frente 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en extorsiones agravadas, secuestros extorsivos y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos contra empleados y representantes de consorcios petroleros en el departamento de Meta.
Estos individuos, quienes laboraban para las compañías afectadas, habrían aprovechado su condición de empleados para obtener información privilegiada sobre contratos de alto valor en los sectores Oasis y Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán. Ocultando su identidad, contactaban a trabajadores y directivos para exigir sumas de dinero bajo amenazas, con el objetivo de fortalecer las finanzas ilícitas del grupo armado. En septiembre de 2024, José del Carmen Carrillo Rojas estuvo implicado en la retención ilegal de dos trabajadores durante dos días en los Altos de Tillava, exigiendo 60 millones de pesos para su liberación.
Operaciones dirigidas a empresas petroleras
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, reveló que las actividades delictivas se centraban en trabajadores y directivos de empresas petroleras, utilizando datos confidenciales de contratos para perpetrar las extorsiones y secuestros. Ninguno de los imputados aceptó los cargos durante las audiencias.
“En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández, posibles responsables del cobro de extorsiones y de secuestros a trabajadores y representantes de consorcios petroleros en Meta”.
Fiscalía General de la Nación
“Estos hombres son señalados de aprovechar el vínculo laboral que tenían con las compañías afectadas para obtener información privilegiada sobre contratos de alto valor suscritos y que serían ejecutados en los sectores del Oasis y el Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, con datos precisos y ocultando su identidad, contactaban a trabajadores y directivos de las empresas y los obligan a pagar determinadas sumas de dinero en medio de amenazas”.
Fiscalía General de la Nación
Este golpe judicial representa un avance en la lucha contra las disidencias de las Farc en Meta, región estratégica por su actividad petrolera, y subraya los esfuerzos de las autoridades para desmantelar las redes de financiamiento ilícito de estos grupos armados.
