La Fiscalía Seccional Nariño, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), judicializó a cuatro personas señaladas de integrar una red que habría manipulado ocho contratos por un valor total de 9.804.893.500 pesos en una caja de compensación familiar del departamento. Los implicados son Olga Alicia Vásquez Martínez, quien se desempeñaba como subdirectora de servicios de la entidad; Diana Marcela Salazar Quelal; Rosa Milena Lagos Medicis; y Edgar Alonso Insandará, representante de una empresa que resultó beneficiada con los contratos irregulares. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y mayo de 2026, y aunque la información oficial no identificó por nombre la caja de compensación, medios locales señalan que se trataría de Comfamiliar Nariño, institución encargada de entregar beneficios y programas a trabajadores y familias de la región.
Los elementos recopilados por la Fiscalía, que incluyeron auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, evidenciaron un presunto entramado de corrupción que habría contado con la participación de personal directivo, funcionarios y particulares de la caja. El modus operandi descrito por las autoridades indica que se abrían licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes, pero en realidad las adjudicaciones se dirigían a empresas preseleccionadas. Además, los procesados habrían exigido comisiones sobre los anticipos desembolsados y presentado cuentas con sobrecostos. De los 9.804.893.500 pesos contratados, se desembolsaron anticipos por 2.942.368.050 pesos, equivalentes al 30% del valor total. Dos de los procesados ya devolvieron cerca de 1.552 millones de pesos como parte de las gestiones para reparar el daño.
Imputación de cargos y medidas de aseguramiento
En la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos, mientras que los otros tres procesados no lo hicieron, aunque continúan vinculados al proceso. Como medida de aseguramiento, la exsubdirectora de servicios fue enviada a la cárcel, mientras que los demás implicados deberán cumplir la medida en su lugar de residencia. La investigación corresponde a una primera fase y se espera que en las próximas audiencias se definan otros aspectos del caso. La caja de compensación afectada no ha emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, pero se espera que en los próximos días las autoridades profundicen en el esclarecimiento de los hechos y en la posible responsabilidad de otros funcionarios. Este caso pone de relieve la importancia de los controles internos en las entidades que administran recursos públicos y la necesidad de prevenir la simulación de procesos de contratación que buscan beneficiar a particulares en detrimento de los trabajadores afiliados y sus familias.
