El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 se ubicará entre el 5,1% y el 5,3%, cifra que servirá como referencia legal para determinar el límite máximo de los aumentos en los arriendos de vivienda urbana y las tarifas de servicios públicos en 2026. Esta proyección, basada en la variación promedio de los precios de la canasta de bienes y servicios que mide los hábitos de consumo y gastos de los hogares colombianos, será publicada por el Dane a finales de diciembre de 2025, conforme a la normativa vigente que establece el IPC como tope para los contratos de arrendamiento y como base para los ajustes en tarifas reguladas.
La inflación en Colombia ha mostrado fluctuaciones notables en los últimos años, con un pico del 13,12% en 2022 impulsado por las crisis energéticas y alimentarias globales, seguido de una moderación que llevó el IPC al 5,62% en 2021, 9,28% en 2023 y 5,20% en 2024. Para los arrendamientos, el ajuste anual no podrá superar el 100% del IPC proyectado, lo que significa que un canon de un millón de pesos podría incrementarse hasta entre 1.051.000 y 1.053.000 pesos en 2026, afectando directamente a los 40,3% de hogares que viven en arriendo según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane de 2024.
Impacto en la planeación financiera de los hogares
Este indicador no solo regula los reajustes en los arriendos de vivienda urbana, que se aplican una vez al año, sino también las tarifas de servicios públicos según los costos de las prestadoras, el estrato socioeconómico y el tipo de usuario, así como el transporte público colectivo como los buses intermunicipales. La publicación del IPC anual al cierre de diciembre de 2025 será clave para la planeación financiera de millones de familias colombianas, especialmente aquellas que destinan una porción significativa de sus ingresos a la vivienda y los servicios básicos, en un contexto de estabilización inflacionaria que permite mayor previsibilidad económica.
De esta manera, el Dane no solo mide la evolución de los precios, sino que proporciona una herramienta esencial para equilibrar los intereses de arrendatarios, propietarios y empresas prestadoras de servicios, contribuyendo a la estabilidad del mercado inmobiliario y de utilities en todo el país.
