El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, negó categóricamente que el Distrito haya desembolsado 26.101 millones de pesos a la empresa Sencia, defendió la legalidad del proceso contractual de la APP de El Campín y anunció que acudirá a instancias judiciales para evaluar si las afirmaciones del concejal Juan David Quintero constituyen injuria o calumnia. La respuesta de García Cañón se produce luego de que el cabildante solicitara al alcalde Carlos Fernando Galán la suspensión del director y otros directivos del IDRD de cualquier decisión que involucre a la concesionaria del proyecto de renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín.
En su pronunciamiento, García Cañón explicó que el monto cuestionado por Quintero corresponde a un pago entre dos empresas privadas, Sencia y APP CDEC S. A. S., realizado el 28 de octubre de 2024, y no a un desembolso del erario distrital. El reconocimiento de costos de estructuración, precisó, fue establecido en agosto de 2023, antes de la adjudicación de la concesión, y el tema ya fue presentado a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025. El director del IDRD subrayó que cualquier diferencia entre los documentos contractuales puede y debe ser examinada, pero rechazó las acusaciones de irregularidades en la gestión.
Las modificaciones del Otrosí 1 y la defensa del proceso
Uno de los puntos centrales de la polémica es el Otrosí 1, suscrito en julio de 2025, que introdujo cambios en los plazos del proyecto: la etapa de preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la fase de construcción se extendió de 42 a 44 meses y el plazo para el cierre financiero se amplió de 360 días a 15,5 meses. Frente a esto, García Cañón afirmó que no es correcto sostener que se cambió el objeto del contrato, y defendió que el IDRD ha actuado con rigor sin quedarse quieto. También descartó la existencia de conflictos de interés sin que se presenten nombres, fechas, documentos y pruebas concretas, y aclaró que el Instituto mantiene abierto un procedimiento administrativo contra Sencia por las condiciones de la gramilla de El Campín, el cual incluye requerimientos, oportunidad de respuesta, periodo de subsanación e informes de interventoría, sin que ello implique una sanción definitiva hasta que se presenten los descargos.
«El Distrito no desembolsó esos recursos, fue un pago entre dos empresas privadas: Sencia y APP CDEC».
Daniel García Cañón, director del IDRD
García Cañón también se refirió a la petición del concejal Quintero de crear una comisión autónoma que examine las decisiones adoptadas en la APP, y señaló que el IDRD pondrá a disposición de las autoridades la información requerida sin obstaculizar investigaciones. Añadió que la interventoría contratada no reemplaza las responsabilidades del Instituto, que conserva las facultades de inspección, vigilancia y control, y advirtió que no puede guardar silencio cuando se pone en duda su integridad y la de su equipo mediante acusaciones que deben ser demostradas en sede judicial.
«No puedo silencio cuando se pone en duda mi integridad y la del equipo mediante acusaciones que deben ser demostradas en sede judicial».
Daniel García Cañón, director del IDRD
El concejal Quintero, por su parte, fundamentó su solicitud de suspensión en las diferencias documentales detectadas en el proceso contractual, el otrosí que modificó los plazos y los posibles conflictos de interés entre personas vinculadas al IDRD y a Sencia. Además, cuestionó que los 26.101.691.506 pesos fueran reconocidos a una sociedad relacionada con el proyecto que finalmente obtuvo la concesión, cuando la Ley 1508 de 2012 prevé el reconocimiento de costos de estructuración bajo condiciones como que el originador no sea el seleccionado. La controversia se mantiene abierta mientras los organismos de control continúan revisando la documentación del proyecto de renovación del estadio El Campín.
