El precandidato presidencial Daniel Quintero denunció ante la opinión pública una presunta campaña de lawfare promovida por sectores del uribismo y la ex señorita Antioquia Laura Gallego Solís para impedir su inscripción en la carrera hacia la Presidencia. Según sus declaraciones, estas fuerzas habrían buscado incluso proporcionarle una bala para intimidarlo, y haber ejecutado una estrategia de amenazas de muerte y presión mediática que se apoya en mensajes difundidos en redes y diversos medios. En su relato, Quintero sostiene que dos sicarios habrían sido supuestamente contratados para ejecutarlo y que estarían alojados en un hotel de Valledupar durante un viaje suyo programado para esa misma época, según sus afirmaciones recogidas en entrevistas y comunicados públicos.
La denuncia de Quintero se entrelaza con antecedentes que involucran a Laura Gallego Solís, quien renunció a su título de Señorita Antioquia tras críticas por entrevistas con alusiones a la violencia. Para el precandidato, estas circunstancias forman parte de una red de influencia que, sostiene, apuntaría a obstaculizar su inscripción como precandidato, y que se conectaría con un entramado político y económico más amplio. En su relato, Quintero cruza estos hechos con referencias a Hidroituango y con documentos que, a su juicio, involucrarían a empresarios y a un medio de comunicación, dibujando un cuadro de presunta manipulación mediática y de intereses de la derecha.
Entre las cifras citadas figuran 4,3 billones de pesos como sanción asociada al contexto de Hidroituango, así como inversiones de miles de millones de pesos en veedurías ciudadanas que, según la denuncia, funcionarían como fachadas para contratistas vinculados a actores del tablero político. Además, se mencionan dos sicarios supuestamente contratados para silenciar a Quintero, lo que el precandidato ha descrito como parte de una misma maquinaria de presión para impedir su trayectoria. Estas referencias se insertan en un marco que, según su versión, conecta intereses políticos con operaciones de contratación y financiación vinculadas a actores de la derecha.
En el marco de los hechos descritos, figuran varios nombres: Daniel Quintero, Laura Gallego Solís, Gustavo Petro, Simón Molina, asociado a contratos, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2016 y 2019. Quintero sostiene que la ofensiva tiene como objetivo principal sacar de la contienda presidencial al menos en los términos en que él la concibe, y que estaría vinculada a hechos y documentos relativos a Hidroituango y a redes empresariales y mediáticas que, a su juicio, alternan con la financiación de campañas y la influencia política.
La denuncia, el contexto y las posibles repercusiones
El relato de Quintero se apoya en declaraciones públicas y entrevistas, así como en referencias a investigaciones y documentos que, según él, muestran cómo operarían estas redes de influencia para obstaculizar su candidatura. Además, cita mensajes en redes y en medios como parte de la campaña de presión que denuncia, y recalca que las denuncias están conectadas con el trasfondo de Hidroituango y con presuntas evidencias que involucrarían a empresarios y a un medio de comunicación.
«En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? Y un cachazo a Petro, pues, al menos» – Laura Gallego Solís
Quintero, por su parte, ha añadido que «Les voy a contar aquí por qué el uribismo me quiere dar bala. No solo es la señorita Antioquia Laura Gallego, esto va más allá» y que «Todo con el objetivo de sacarme del camino a la Presidencia, lo que más les preocupa». En otro tramo, sostuvo que «Ahora quieren matarme. Las amenazas se han disparado. Hace poco, lamentablemente, fui informado que dos sicarios fueron contratados para ejecutarme, iban a quedarse en el mismo hotel en Valledupar, donde yo iba a estar». Estas declaraciones refuerzan la lectura de una campaña de presión de alto impacto y de riesgos reales para su seguridad personal, según su versión.
La crónica de estos hechos se sustenta en un complejo contexto: la renuncia de Gallego Solís como señorita Antioquia, el vínculo con una supuesta red de influencia para obstaculizar candidaturas, y la mención de hechos de Hidroituango que, según la denuncia, tendrían conexiones con documentos y actores del mundo empresarial y de la comunicación. El material que sustenta estas afirmaciones también remarca que existen créditos de imagen de Mariano Vimos para Colprensa y de @lauragallegosoliss/IG, y señala a El Colombiano como una fuente mencionada en la cadena de vínculos empresariales; añade además un componente histórico que remite al colapso de la represa Hidroituango ocurrido el 11 de agosto de 2020, utilizado, según la denuncia, para sostener irregularidades y la existencia de documentos que involucrarían a distintos actores.
Este relato, que la redacción de La Veintitrés Manizales aborda desde su edición en Medellín y el Valle de Aburrá, busca aportar contexto sobre una denuncia que opera en un cruce entre política, economía y seguridad, con un tono que invita a la verificación de hechos y a la evaluación de su impacto en la escena precampal y electoral. Se trata, en definitiva, de un relato que sitúa a Quintero en un tablero de tensiones políticas y de posibles redes de influencia, mientras las piezas del tablero siguen moviéndose en la escena nacional y regional.
