El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos con la empresa británica Amadeus Consultancy Limited, representada por Daniel Martin Kovalik, para brindar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro, ante su inclusión en la lista Clinton de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC. Esta decisión ha generado fuertes cuestionamientos de figuras de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quienes exigen transparencia sobre el uso de recursos públicos en un proceso que consideran personal del mandatario.
El acuerdo, supervisado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, establece una ejecución hasta el 30 de abril de 2026, con pagos mensuales en cuatro cuotas iguales de aproximadamente 2.500 millones de pesos cada una, equivalentes a 500.000 libras esterlinas a una tasa máxima de 5.000 pesos por libra, condicionadas a la entrega de informes periódicos y la realización de reuniones requeridas. Se trata de una contratación directa justificada porque el servicio no podía ser asumido por funcionarios de planta y se desarrollará mayoritariamente fuera del país, en procesos ante autoridades internacionales en Estados Unidos. El contrato impone confidencialidad absoluta y reserva la propiedad intelectual exclusiva para el Estado colombiano.
Denuncias de la oposición y contradicciones en la defensa
La controversia estalló con una denuncia inicial de la senadora María Fernanda Cabal en la red social X, que fue compartida y amplificada por Álvaro Uribe. Ambos argumentan que los colombianos merecen saber si el erario nacional está financiando la defensa personal de Petro, especialmente porque hace dos meses el propio abogado Daniel Kovalik afirmó en una entrevista con Blu Radio que su labor sería gratuita, o pro bono. Cabal ha calificado el hecho como una farsa del gobierno, insistiendo en que se trata de un proceso estrictamente individual del presidente y no institucional.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber si es cierto o no que el fisco nacional paga abogado de Petro, que costaría 10 mil millones de pesos”
Álvaro Uribe, expresidente
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!”
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
En respuesta a las críticas, la representante a la Cámara Katerine Miranda solicitó formalmente una investigación a la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación para esclarecer el uso de estos fondos públicos, equivalentes a unos 2 millones de libras esterlinas en total. El caso pone en el centro del debate público la inclusión de Petro en la lista Clinton de OFAC, un listado de figuras sancionadas por presuntas violaciones a derechos humanos, y cuestiona la separación entre los intereses personales del jefe de Estado y los recursos del erario nacional.
